La medida, anunciada durante una ceremonia en el Palacio de Planalto por los 100 días del Pacto Nacional Brasil contra el Feminicidio, refuerza la responsabilidad de las empresas tecnológicas y adapta la legislación a los nuevos desafíos del entorno digital.
Mediante la norma, se actualiza la reglamentación vigente desde 2016 sobre el Marco Civil de Internet, considerado la principal carta de derechos en este sector en el gigante sudamericano.
Según explicó el Gobierno, la iniciativa legal incorpora decisiones recientes del Supremo Tribunal Federal y responde al crecimiento de delitos digitales, estafas y nuevas formas de violencia en redes sociales y espacios virtuales.
Entre los principales cambios figura la ampliación de las competencias de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, organismo que pasará a supervisar, regular e investigar posibles incumplimientos relacionados con las obligaciones de las plataformas digitales.
La administración brasileña argumentó que las compañías deberán actuar de forma “proactiva y proporcional” para impedir la circulación masiva de contenidos considerados delictivos. Asimismo, las entidades estarán obligadas a cumplir la legislación nacional, independientemente de que sus sedes principales estén ubicadas fuera del país.
El decreto establece medidas específicas contra fraudes digitales, publicidad engañosa y redes artificiales utilizadas para difundir estafas en Internet.
Aquellas empresas que comercializan anuncios deberán almacenar datos que permitan identificar a los responsables de delitos y facilitar eventuales procesos de indemnización a las víctimas.
También, las nuevas reglas obligan a las plataformas a actuar preventivamente frente a contenidos vinculados con terrorismo, explotación sexual de menores, trata de personas, incitación a la autolesión y violencia contra las mujeres.
Están previstos procedimientos de notificación y revisión para publicaciones denunciadas, garantizando el derecho de información tanto a denunciantes como a propietarios de perfiles o contenidos.
A criterio del Gobierno, el objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas sin establecer mecanismos de censura previa.
En dicha norma se reafirma la protección de la libertad de expresión, el derecho a la información, las manifestaciones religiosas, la crítica y la parodia.
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