La diputada federal electa Ana Elisa Santos Silva, quien con 21 años se convirtió en la mujer más joven en alcanzar ese cargo, denunció amenazas de violación y asesinato, acompañadas de insultos racistas, en mensajes recibidos desde su participación en las elecciones generales.

“Me postulé, gané una elección y desde entonces perdí mi libertad”, relató en un video difundido en redes sociales, en el que explicó que teme salir a la calle.

Electa por el Partido de los Trabajadores en Minas Gerais con 524 mil 219 votos, la joven obtuvo la segunda mayor votación del estado para la Cámara de Diputados.

Su condición de mujer negra y su irrupción en un espacio de representación política tradicionalmente desigual forman parte del contexto de unas agresiones que no pueden reducirse a un episodio de hostigamiento personal.

Un correo electrónico que hizo público en su mensaje contenía amenazas explícitas de violencia sexual y muerte, además de referencias racistas.

El caso se inscribe en un fenómeno de mayor alcance: un estudio de las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global registró 134 episodios de violencia política durante los 50 días de campaña de la primera vuelta electoral de 2026, celebrada el 4 de octubre. De ellos, 70 tuvieron a mujeres como víctimas, el 52,2 por ciento.

Con respecto a los 102 ataques dirigidos específicamente contra personas candidatas, 60 afectaron a mujeres, equivalentes al 58,8 por ciento, aunque ellas representaban apenas el 34,85 por ciento de las candidaturas.

Las amenazas fueron la modalidad más frecuente, con 64 casos, seguidas de 33 episodios de ofensas y 19 agresiones físicas.

En este escenario, la dimensión de género resulta particularmente evidente: de las 70 mujeres víctimas, 45 sufrieron manifestaciones de machismo o misoginia, nueve fueron objeto de racismo y cinco de transfobia. Las siete amenazas de violencia sexual identificadas en el período tuvieron exclusivamente a mujeres como destinatarias.

El Ministerio de las Mujeres aporta otra dimensión del problema. Entre enero y agosto de 2026, el servicio Ligue 180 recibió mil 564 denuncias de violencia política contra personas de ese sexo.

De ellas, 842 correspondieron a mujeres negras, el 53 por ciento, en tanto las agresiones incluyen amenazas, difamación, descalificación de capacidades, discriminación racial y de género e intimidaciones destinadas a obstaculizar la participación en los espacios de decisión.

Esta violencia contra las mujeres negras tiene, además, una dimensión histórica que remite al asesinato de la concejala Marielle Franco, perpetrado en Río de Janeiro en marzo de 2018.

La reacción al caso de Ana Elisa reunió a representantes de distintas corrientes políticas, figuras públicas y organizaciones. La exministra de Medio Ambiente y diputada Marina Silva advirtió que amenazar con violación, violencia y muerte constituye una forma de expulsar a las mujeres de la política y un ataque al derecho de las mujeres negras a ejercer representación sin miedo.

A su vez, la diputada Erika Hilton expresó su solidaridad y denunció la normalización de las agresiones contra mujeres, personas negras y comunidades LGBTQIA+, mientras su colega Maria do Rosário anunció que recurriría a las instancias legales para combatir la violencia política de género.

También manifestaron apoyo a Ana Elisa el pastor y parlamentario Henrique Vieira; el ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales, José Guimarães; y el diputado electo Jones Manoel, entre otras figurass.

La presentadora Xuxa Meneghel convocó, por su parte, a integrar un “Ejército Antirracista” y defendió una mayor presencia de mujeres, personas negras e indígenas en los espacios de decisión. Su llamado amplió la discusión más allá de la protección individual de la diputada y la situó en el terreno de la representación y la igualdad racial.

En el plano institucional, el Ministerio de Derechos Humanos confirmó que Ana Elisa recibe acompañamiento desde el 9 de octubre mediante el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas.

A su vez, el Ministerio de Justicia informó que la Policía Federal investiga las amenazas y que se aplican medidas de protección continuada y de proximidad, con apoyo de la Fuerza Nacional y autoridades de Minas Gerais.

Brasil cuenta desde 2021 con la Ley 14.192, que tipifica la violencia política contra las mujeres y establece mecanismos para prevenirla y sancionarla.

Sin embargo, el estudio de Terra de Direitos y Justiça Global señaló que ninguno de los 134 episodios registrados durante la campaña electoral había recibido sanción al cierre de su investigación.

Como mostró el caso de Marielle y vuelve a revelar el de Ana Elisa, la disputa por la participación política también se libra contra estructuras de racismo y misoginia que buscan limitar su voz, cuestionar su legitimidad y excluirlas de los espacios de representación y poder.

oda/mar