Al respecto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto destinado también a exigir mayor rapidez de respuesta por parte de las plataformas tecnológicas frente a delitos en línea.

Según agencia Brasil, la nueva iniciativa fue anunciada en una ceremonia en el Palacio de Planalto por los 100 días del Pacto Nacional contra el Feminicidio, impulsada conjuntamente por la administración federal, el Congreso Nacional y el Poder Judicial.

La norma establece obligaciones específicas para los espacios digitales en relación con publicaciones vinculadas a violencia de género, acoso, amenazas y divulgación de contenidos íntimos sin consentimiento.

Determina que las empresas deberán actuar con rapidez en función de prevenir, identificar y retirar materiales ilícitos que afecten a mujeres.

Mediante el decreto, el Gobierno busca impedir la expansión de delitos que crecieron de manera significativa con la masificación de redes sociales y aplicaciones en línea.

En el mencionado acto, Lula defendió la necesidad de promover cambios culturales y educativos para enfrentar el machismo y la violencia de género.

Sostuvo que el tema debe formar parte de los programas escolares en la nación sudamericana como instrumento de prevención y concienciación social.

Además del documento relacionado con Internet, el mandatario sancionó cuatro leyes destinadas a ampliar la protección de las mujeres y endurecer mecanismos para responsabilizar de sus actos a los agresores.

Como parte de las medidas destaca la creación de un Registro Nacional, que reunirá información de personas condenadas por violencia contra las féminas y facilitará el acceso de fuerzas de seguridad a esos datos.

Las nuevas disposiciones también ensanchan las posibilidades de alejamiento inmediato del agresor respecto a la víctima, endurecen acciones contra personas que continúan amenazando mujeres incluso después de ser detenidas y reducen trámites burocráticos para apurar medidas judiciales de protección.

De acuerdo con el balance oficial presentado en el evento, la denominada Operación Mujer Segura alcanzó los 27 estados brasileños y más de dos mil 600 municipios.

Las autoridades reportaron seis mil 328 detenciones de agresores, más de 30 mil medidas de protección acompañadas y cerca de 39 mil víctimas atendidas.

En el ámbito judicial, el Gobierno destacó una caída histórica en los tiempos de análisis de acciones urgentes de seguridad.

Actualmente, se expuso, el 53 por ciento de las decisiones se adopta el mismo día en que la víctima realiza la solicitud y el 90 por ciento es resuelto en un plazo máximo de dos jornadas.

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