Mediante un comunicado, la entidad explicó que el país durante más de dos décadas impulsó un proceso continuo de fortalecimiento de su sistema de prevención y combate contra ese flagelo, como parte de los esfuerzos orientados a proteger la estabilidad económica.

En el año 2001, derivado de las revisiones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre naciones y territorios no cooperantes en la lucha internacional contra el lavado de dinero, incluyeron a esta tierra en la “lista negra”, recordó.

Ello, acotó, debido a que no contábamos con una legislación para combatir esa problemática, ni con un régimen de Personas Obligadas o una Unidad de Inteligencia Financiera encargada de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas.

Avances registrados luego permitieron que saliéramos de la lista negra del GAFI en el año 2004, lo cual reflejó el compromiso del país con el fortalecimiento de sus mecanismos de prevención y control.

Sin embargo, consideró que el país iniciará en el venidero año su Quinta Ronda de Evaluación Mutua ante GAFI.

Más allá de una obligación técnica, fortalecer el sistema antilavado de dinero, entre otras, constituye un tema de interés nacional, puntualizó la SIB.

La propuesta aparece estancada en el Congreso, que cerró el pasado martes el primer periodo ordinario de sesiones e iniciará el segundo el venidero 1 de agosto.

El superintendente de la SIB, Saulo de León, remarcó en declaraciones esta mañana a Emisoras Unidas que existe un espacio de discusión en el cual todo esto se puede rescatar.

El lunes venidero el equipo técnico de la Intendencia de Verificación Especial tiene una reunión con instancia de Jefes de Bloques en donde vamos a argumentar todo, aseveró.

Si en este momento la ley se cae, nos ahogamos en la orilla, advirtió. Se podría decir que estamos en “números rojos”.

Si proyectamos que la ley pasara a finales de diciembre del año pasado, en este momento “nos estamos comiendo las uñas”, enfatizó de León.

mem/znc