“Esta acusación carece de los más elementales conceptos jurídicos convirtiéndose en un acto de provocación contra la isla”, afirmó la Asociación de Amistad Honduras-Cuba (AHC) sobre la acción ejecutada el pasado miércoles en Washington por el Departamento de Justicia.
El grupo solidario arremetió en un comunicado contra lo que calificó de miserable y desafortunada incriminación al “compañero Raúl Castro”, y expresó preocupación por el presunto apoyo del gobernante Partido Nacional (PN) de Honduras a connotados opositores de la Revolución cubana.
La AHC aludió al encuentro mantenido en Tegucigalpa entre el presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, del PN, y Orlando Gutiérrez-Boronat, “reconocido promotor desde Miami de grupos terroristas que actúan contra Cuba”, denunció.
Para la Asociación, estas acciones demuestran la prepotencia y soberbia del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo objetivo principal es someter al pueblo cubano y preparar una intervención militar, enfatizó.
“El pueblo hondureño ha sido altamente beneficiado por la solidaridad del pueblo y Gobierno de Cuba, no debemos prestarnos para justificar una aventura militar en nuestra hermana Cuba”, subraya el pronunciamiento.
Llamó a sus filiales en esta nación centroamericana a denunciar la política injerencista de la administración Trump y a exigir una posición a favor de la paz por parte del gobierno hondureño.
“Señores imperialistas, ya basta de agresiones contra Cuba”, concluye el texto de la AHC.
Hace dos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al líder revolucionario por el derribo de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, tras numerosas violaciones del espacio aéreo de la mayor de las Antillas.
En una declaración, el Gobierno cubano condenó en los términos más enérgicos la canalla acusación de la potencia del norte, pregonada durante varias semanas contra el General de Ejército Raúl Castro.
Para La Habana, esa imputación se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano, mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada.
La Habana aseveró que Washington “carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción” y calificó la imputación de “acto despreciable e infame de provocación política”, basado en la manipulación de un incidente de febrero de 1996.
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