Un grupo de abogados colombianos se personó este lunes ante el Ministerio Público hondureño para interponer la denuncia contra el otrora gobernante, a raíz de los audios filtrados en el caso conocido como “Hondurasgate” que lo asocian con una conspiración de carácter político e injerencia regional.
Según dijeron a la prensa los denunciantes, el contenido de esas grabaciones, publicadas recientemente por el medio español Diario Red en alianza con la plataforma Hondurasgate, despertaron preocupación en distintos sectores políticos y sociales de América Latina.
Los activistas indicaron que esta acción penal no solo ha sido promovida en Honduras, sino también en otros países latinoamericanos, donde aseguran haber presentado recursos similares para que se investigue el alcance de los señalamientos incluidos en los audios difundidos.
“Venimos en defensa de la humanidad y de los pueblos latinoamericanos”, expresaron los defensores al momento de presentar la acusación ante la Fiscalía, a la exigieron que se deduzcan responsabilidades conforme a la ley.
De acuerdo con el diario Confidencial, el caso denominado “Hondurasgate” ha generado fuertes reacciones en el ámbito político nacional e internacional, especialmente por las acusaciones y presuntas revelaciones que involucran a figuras vinculadas al poder político en la región.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia presentada por los ciudadanos colombianos ni sobre si abrirá un proceso de investigación relacionado con las comprometedoras grabaciones.
Hace dos semanas, el reconocido abogado Joaquín Mejía exigió que se investiguen los audios difundidos por medios de comunicación internacionales, que revelan un supuesto complot de la derecha hondureña contra adversarios progresistas a nivel local y latinoamericano.
Los documentos sacan a la luz hipotéticas conversaciones del presidente hondureño, Nasry Asfura, o de su correligionario y exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), en las que aluden a su participación en un plan de Estados Unidos e Israel contra países con gobiernos de izquierda.
“El contenido de esos audios no debe manejarse como una simple controversia política entre “izquierda” y “derecha”, sino como hechos con potencial incidencia en la legalidad, la institucionalidad democrática y la responsabilidad de servidores públicos y particulares”, sostuvo Mejía.
Además de Asfura y Hernández, indultado en diciembre pasado por Donald Trump, tras ser condenado en 2024 por una corte estadounidense a 45 años de cárcel por narcotráfico, los audios involucran a otros dirigentes del derechista Partido Nacional de Honduras, en el poder desde el 27 de enero último.
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