La Misión de Verificación de la ONU en la nación neogranadina divulgará el informe trimestral, comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio, que periódicamente presenta ante el Consejo de Seguridad sobre los avances y desafíos del Acuerdo, suscrito entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En el último de los análisis, presentado en abril pasado, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, resaltó el compromiso del Estado colombiano “de mantener y promover” los objetivos del pacto.
Además de destacar el impacto histórico del Acuerdo para la “ampliación del espacio democrático del país”, resaltó que “constituye una hoja de ruta integral para atender las causas estructurales del conflicto”.
Ponderó además cómo casi diez años después de la dejación de armas, más de 11 mil excombatientes continúan activos en el Programa de Reincorporación Integral, a pesar del entorno de seguridad complejo.
Sobre este punto, instó al Gobierno a mantener un enfoque sólido en la ejecución de políticas integrales que garanticen el acceso de los exguerrilleros a tierra, vivienda, servicios públicos y oportunidades económicas.
El más reciente informe, sin embargo, se difundirá horas después de que el presidente entrante anunció que eliminará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuya misión es coordinar el cumplimiento del pacto suscrito entre el Gobierno y la extinta guerrilla FARC-EP.
En una alocución difundida en sus redes sociales, comunicó que también desaparecerá la figura del comisionado para la Paz porque, según mencionó, “no habrá más procesos de falsa paz en su gobierno”.
Añadió además que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y quien fue el tercer y último comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y es asimismo uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, “merece estar preso de por vida” y que trabajará en función de ello.
También habló sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional creado tras el pacto de 2016, al que calificó como una institución que da “refugio” a Pilar Rueda, la esposa del excandidato presidencial y hoy senador de oposición, Iván Cepeda.
Rueda se desempeña como asesora de Despacho del director y coordinadora del equipo de género en la Unidad de Investigación y Acusación de la referida corte, a la que el presidente electo dejó entrever que eliminaría.
La Unidad de Implementación se sumará a otras entidades que contribuían al mismo propósito y que también dejarán de existir, como la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, según informó el ultraderechista.
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