Mediante un comunicado, la articulación de colectivos indígenas, campesinos, sindicales, feministas, estudiantiles, entre otros, solicitó a la Corte Constitucional la confirmación, de manera definitiva e inmediata, de los fallos que dejan sin efecto el proceso realizado.

Tras ello, acotó, se deberá realizar de inmediato una nueva elección universitaria que respete la voluntad popular expresada en la votación de los 21 cuerpos electorales que la oposición ganó legítimamente en los distintos órganos.

El sistema de justicia debe detener este fraude e investigar a Mazariegos y a las personas que lo avalaron, señaló.

La impunidad no solo destruye la institucionalidad universitaria, sino que condena al atraso a toda la sociedad guatemalteca, subrayó la Asamblea.

Comenzó con una denuncia de lo que llamó el segundo fraude electoral cometido por Mazariegos.

La exclusión de los cuerpos de la oposición atenta contra la autonomía universitaria y la voluntad de la comunidad de estudiantes y profesionales expresada en las fases previas del proceso que concluyó el 8 de abril último, remarcó.

Repudió la decisión de mantener cerrado el acceso a clases presenciales en el Campus Central, imponiendo la modalidad virtual a más de 120 mil alumnos.

Esta medida, basada en falsas justificaciones técnicas (licencias de construcción y convenios arqueológicos) suspendidas ya por el gobierno, solo son una estrategia para desmovilizar al movimiento estudiantil, criticó.

Asimismo, amplió, para precarizar la labor docente y administrativa, algo que afecta gravemente la calidad educativa y la investigación.

La decisión impacta de manera especial a las carreras que, por su particularidad técnica (ciencias médicas, ingenierías, agronomía, etcétera), necesitan presencialidad para lograr una formación de calidad, expuso la coalición.

Diferentes amparos judiciales cuestionaron la legalidad de la elección efectuada y distintos tribunales concedieron al menos seis, por lo cual está “en suspenso” la validación del Consejo Superior Universitario.

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas exhortaron incluso a anular la reelección argumentando que Mazariegos no tenía finiquito actualizado al momento de la votación.

El rector de la USAC choca desde la legitimidad del proceso de 2022, que conllevó a que el Campus Central y varios centros regionales estuvieran cerrados por más de 380 días como protesta.

También se le acusa de ser el brazo operativo dentro de la educación superior de grupos políticos y judiciales que buscan garantizar la impunidad.

lam/znc