Entre las muchas noticias del tema hoy, tal vez la más relevante es la petición del propio Zapatero de postergar la fecha del 2 de junio en la que debería prestar declaración ante el juez.
Asimismo, el posicionamiento de dos exgobernantes en las antípodas, desliza que el conservador Partido Popular (PP) y la ultraderecha Vox están alineados en la idea de presionar más a unas elecciones anticipadas.
Este martes, el exmandatario José María Aznar (PP), repitió su frase “el que pueda hacer, que haga”, un llamado tácito a la insurrección pacifica, pero vertical, contra la administración del socialista Pedro Sánchez.
Por su lado, con cierta ambigüedad, Felipe González, expresidente socialista, dijo ayer que respetaba la presunción de inocencia de Zapatero, compañero de partido, aunque se mostró favorable a unos comicios generales adelantados este año.
En nombre de Zapatero, el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, subrayó que los criterios de ver «conjeturas disparatadas» en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se ajustan a la realidad.
Arroyo, en entrevista con La Hora de la Uno de TVE, señaló que el exgobernante se está preparando minuciosamente para la vista oral.
La UDEF señala que el dirigente socialista encabezó la «cúspide» de una red de influencia, algo que negó rotundamente y lo atribuye a su apoyo a Pedro Sánchez en la campaña electoral del 2023.
Según Arroyo, Zapatero cuestionó que se le atribuya ser «la cabeza» de una organización jerarquizada «que controlaba los flujos financieros y se siente «muy sorprendido» por las «suposiciones» que recoge el auto de imputación del juez Calama.
Todavía en fase indiciaria, transcurrida una semana de la imputación, Sánchez, mantiene su discurso en torno a la presunción de inocencia y pide prudencia a la hora de lanzar críticas demoledoras a la alianza de izquierda del actual Ejecutivo.
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, argumentó hoy que mientras no haya «pruebas categóricas» en la investigación Zapatero por presunto tráfico de influencias, debe prevalecer el principio de la presunción de inocencia.
«En la medida en que hay una investigación en la que va a haber acusaciones de tipo penal, evidentemente habrá que pasar de los indicios a las pruebas. Y mientras esas pruebas no demuestren que ha habido algún tipo de tráfico de influencias, conviene tener clara la bandera propia de un Estado de Derecho (…)”, apostilló en declaraciones a la prensa en Valencia.
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