Anunciada por la corporación municipal del Distrito Central, que conforman las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, la medida busca enfrentar la drástica disminución en los niveles de las represas que abastecen a ambas urbes.

Además, la emergencia -por un periodo inicial de 90 días- pretende ampliar la capacidad de respuesta ante la creciente escasez que ya afecta a miles de familias en diferentes sectores de las dos ciudades, anunció el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya.

“El problema es crítico y requiere acciones urgentes”, advirtió el edil metropolitano, al tiempo que anunció que la comuna habilitará un portal de transparencia para informar a la población sobre todas las acciones y recursos utilizados durante la contingencia.

Las lluvias previstas no permitirán recuperar los embalses y la situación actual recuerda a la crisis registrada en 2015, aunque el regidor aseguró que este año las condiciones son más severas por la escasa precipitación registrada durante mayo.

“La situación es tan severa que sin duda alguna se extenderá más allá del verano. Lo que se está anunciando de lluvias no será suficiente”, alertó.

Entre las acciones se incluye el arrendamiento de cisternas y vehículos para el transporte y distribución de agua potable, la compra de agua tratada y cruda a pozos privados y la perforación de nuevos pozos para atender la demanda básica en el municipio.

“Vamos a contratar pipas de agua, aunque sean privadas, para ampliar nuestra capacidad de operación en toda la capital”, expresó Zelaya.

El objetivo de la municipalidad es contar con al menos 80 carros cisternas distribuyendo el vital líquido en las diferentes colonias y barrios de las ciudades gemelas, especialmente en aquellos sectores donde el servicio prácticamente ha desaparecido. Según datos ofrecidos por el alcalde, la represa Los Laureles apenas registra un 43,03 por ciento de capacidad, mientras que La Concepción se encuentra en 34,78 por ciento.

Explicó que parte de esa agua no puede utilizarse debido al alto costo de tratamiento, lo que reduce aún más la capacidad real de abastecimiento.

Ante la gravedad de la crisis, el consistorio sancionará a quienes malgasten agua durante el periodo de emergencia.

Una ordenanza municipal contempla castigos para personas que utilicen agua potable en actividades consideradas innecesarias en este momento crítico, como llenar piscinas o lavar vehículos.

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