Raful precisó que el operativo formó parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para enfrentar la violencia vial y fortalecer el orden en las vías públicas.
Detalló que más de seis mil motocicletas fueron retenidas por violaciones a las normas de tránsito, entre ellas por circular los conductores sin casco protector, sin documentos, desplazarse por las aceras o irrespetar la luz roja.
Aseguró que estas intervenciones forman parte del trabajo permanente que desarrolla la Fuerza de Tarea Vial, organismo que se reúne cada viernes para coordinar acciones orientadas a reducir la imprudencia y la violencia en las vías públicas.
Advirtió que las fiscalizaciones continuarán de manera sostenida y reiteró que el objetivo es fortalecer el control sobre quienes utilizan motos como medio de transporte o servicio, al enfatizar que “nadie está por encima de la ley”.
La funcionaria informó, además, que sostendrán reuniones con asociaciones de motoconchistas (ofrecen servicio de transporte de pasajeros en motocicleta), junto a representantes de la Policía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Obras Públicas.
Precisó que el objetivo es identificar y regular las paradas de motociclistas, así como verificar que quienes ofrecen ese servicio no tengan asuntos pendientes con la justicia.
Asimismo, aseguró que darán seguimiento al proceso judicial contra el motorista acusado de agredir a un conductor del sistema de transporte escolar, caso que actualmente está en manos del Ministerio Público.
La ministra Raful explicó además que las autoridades han intensificado las acciones contra estructuras de crimen organizado que operan en distintas zonas del país, como parte de las prioridades del Gobierno para desmantelar bandas que mantienen en zozobra a comunidades enteras.
En ese sentido, destacó que, tras meses de labores de inteligencia y operativos permanentes en la región sur, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación ejecutaron una intervención especial contra una de las estructuras criminales más peligrosas que operaba entre las provincias Elías Piña y San Juan.
Indicó que el cabecilla de la organización, Ranller Encarnación Vicente, permanece prófugo pese a haber sido condenado a 30 años de prisión.
Está señalado por la muerte de al menos siete personas, además de otros hechos violentos relacionados con asesinatos, incendios de viviendas, narcotráfico y control territorial.
Asimismo, las autoridades identificaron a Yunior Mena Vicente como uno de los presuntos integrantes de la estructura criminal. Contra este pesa una orden de arresto y, según la Policía Nacional, está vinculado a varios hechos violentos, entre ellos la muerte de un ciudadano.
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