La iniciativa la presentó el diputado Esteban Paulón, y propone modificar el Código Penal e incorporar al Programa Médico Obligatorio el acceso a la «Asistencia Médica para Morir», práctica que en Sudamérica fue ya establecida en Uruguay por vía parlamentaria y en Colombia por la senda judicial, señalan medios locales.

La propuesta de Paulón, diputado por el Partido Socialista, busca regular «el derecho de toda persona a solicitar y recibir asistencia médica para morir», considerada por el legislador como una de las decisiones «más íntimas que puede tomar un ser humano».

Por ese motivo –señala el legislador en su presentación- debe ser el Estado quien garantice el acceso efectivo al procedimiento, como también quien se encargue de proteger al individuo ante cualquier presión indebida, asegurando «la dignidad en el proceso de morir».

La Asistencia Médica para Morir contempla dos métodos: la Eutanasia que es la «administración directa al paciente de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud competente, a petición libre, informada y reiterada por este».

El otro es la Muerte Asistida, para la cual el profesional de la salud prescribe o provee una sustancia mortal, de manera que el propio dolido pueda autoadministrársela.

La propuesta de Paulón precisa que el profesional de la salud que realice esa asistencia no será punible ante la ley, como tampoco quien haya participado en el proceso como integrante del equipo de asesoría, como médico consultor, o en cualquier otra función prevista en dicha normativa.

Ahora, tal exención de punibilidad deja fuera a quien realice el procedimiento sin cumplir los requisitos y salvaguardas establecidos en la ley, ni a quien ejerza presión o coerción sobre la persona solicitante.

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