Según un comunicado oficial, el entendimiento es resultado de un proceso de diálogo y coordinación desarrollado en un ambiente de cooperación y respeto mutuo entre el Estado nicaragüense, el inversionista Baruch Rapoport y la compañía minera.

La PGJ, en su condición de representante legal del Estado y garante de la defensa de los intereses supremos de la nación, destacó que el entendimiento permitirá retomar las operaciones del proyecto de manera ordenada y segura.

El texto señaló que la reactivación tiene como propósito contribuir al desarrollo de las actividades vinculadas al proyecto, en observancia del marco jurídico vigente y bajo condiciones que favorezcan su adecuada operación y aporte a la dinámica económica y productiva de la región.

Asimismo, las partes reconocieron la importancia de mantener mecanismos de cooperación que contribuyan al desarrollo productivo dentro de un marco de responsabilidad y respeto a las disposiciones legales establecidas en el país.

La institución precisó que, conforme a lo acordado, los términos y condiciones específicos del entendimiento mantienen carácter confidencial.

El comunicado resaltó además que Nicaragua posee un amplio potencial minero y cuenta con un sólido marco regulatorio en la materia, el cual garantiza la seguridad jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros dedicados al aprovechamiento sostenible de los recursos minerales.

La PGJ reafirmó que el país continúa promoviendo el desarrollo económico y el bienestar nacional mediante el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, en defensa de los derechos de la Madre Tierra.

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