La lucha por ese propósito, liderada por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, es esencial para terminar con las masacres, violaciones masivas y éxodos de personas ante la violencia, «y reanudar así la vida en las comunidades y la esperanza en las generaciones presentes y futuras», añadió el diario.

El Consejo Electoral Provisional (CEP), por su parte –exige el periódico- debe establecer la maquinaria comicial, superar los desafíos técnicos y logísticos para celebrar los sufragios y hacerlo con total independencia del poder político establecido.

Le Nouvelliste aseguró que hasta ahora “fracasaron en sus funciones de forma estrepitosa” el primer ministro-presidente Ariel Henry, su sucesor, Garry Conille, el dúo Consejo Presidencial de Transición (CPT)/Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, y, de nuevo, este último en su etapa de gobierno sin CPT.

El presente ejecutivo unipersonal de Fils-Aimé –estima la publicación- fue uno de los pocos en sobrevivir dentro de este mar de fracasos, al recibir —de manera bastante inusual— “una segunda oportunidad en el cargo, lo cual le evita pasar a la historia en desgracia”.

La publicación recordó que este gobernante “ya lleva más de cien días en el poder y ostenta plenos poderes, aunque sin equipo de expertos y personal experimentado. Pero -subraya la publicación- debe hacer algo más que simplemente reafirmar su compromiso de celebrar elecciones”.

De acuerdo con Le Nouvelliste, entre los discursos y deseos del gobernante y la realidad, “existe una desconexión que va más allá de lo evidente, pues, a pocos días de junio, las semanas perdidas obligan a concluir que es imposible completar el proceso electoral en 2026”.

El diario alega que esa imposibilidad está marcada por la falta de las citadas condiciones mínimas de seguridad, mientras los desafíos técnicos y logísticos son las causas obvias, por lo que Fils-Aimé debe mantener «las condiciones políticas» para celebrar elecciones en medio de críticas abiertas.

Esos últimos obstáculos de censura comprenden a firmantes del llamado Pacto por la Estabilidad y las Elecciones, quienes acusan al Primer Ministro- de intentar tomar el control del CEP y de obstruir el proceso electoral, entre otras cosas por abstenerse de aprobar y publicar un decreto que oficialice los comicios.

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