Acorde con lo difundido, la iniciativa rechazó la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba, incluida la amenaza de agresión militar directa, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco energético y otras medidas coercitivas unilaterales.

Los participantes condenaron el bloqueo aplicado por Washington contra la nación caribeña y exigieron su levantamiento inmediato, reafirmando el derecho de Cuba a la soberanía, al desarrollo y a la paz en América Latina y el Caribe.

Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos impone un cerco a la mayor de las Antillas, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.

Las amenazas del republicano y otras medidas contra la isla desataron el rechazo y la denuncia desde sectores populares, gobiernos y políticos en México y otras naciones del mundo.

A las acciones de Washington contra la mayor de las Antillas se sumó el 20 de mayo una acusación contra el líder de la Revolución, Raúl Castro.

El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, rechazó la imputación y denunció que “se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”.

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