Este paso se inserta en todo un andamiaje de transformaciones desde enero pasado con reformas parciales de leyes, surgimiento de otras y creaciones de estructuras para incentivar el diálogo con todos los sectores como la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía y el Programa de Convivencia Democrática y Paz.

También la Comisión para Reforma Judicial y su secretaría, presidida por el fiscal general Larry Devoe, e integrada por expertos, académicos, los presidentes Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional (parlamento), la Defensoría del Pueblo y la vicepresidencia sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz.

Además del Ministerio para los Servicios Penitenciarios, la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, el Programa de Convivencia Democrática y Paz, y la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, entre otros.

Al presentar en abril último a la Comisión para este proceso, la presidenta encargada Delcy Rodríguez explicó que conducirá la consulta por todo el país para entrevistar a los venezolanos sobre la justicia penal, un “pedido del pueblo” acerca del acceso a la justicia y sea esta oportuna, imparcial y sin diferenciación.

La gobernante destacó que se han dado pasos importantes, pero consideró la “deuda impostergable” y hay que atenderla, añadió.

Reafirmó que se avanzó, pero no lo suficiente, porque todavía “persisten desviaciones de poder” y llamó a todos a avocarse de manera coordinada para atender este asunto.

Rodríguez subrayó que aún hay males que persisten y no han podido superar, por eso el proceso “no es solo para consultar a los académicos y especialistas, sino para hacerlo con el pueblo”, afirmó.

Por eso esta consulta pública e institucional buscará transformar en forma profunda el sistema para “edificar un modelo de justicia penal plenamente acorde con la Constitución”, así como definir sus líneas centrales que el país requiere, vinculado al retardo procesal y corrupción judicial, anunció la mandataria.

El Gobierno bolivariano centró en cinco pilares estratégicos su accionar transformador en lo penal y social sobre la base de la integración de diversos sectores para reformar no solo el ámbito penal, sino también el civil, mercantil y social.

La reforma profunda orientada a erradicar la corrupción dentro del sistema judicial; la promoción de alternativas a la justicia penal tradicional para fomentar la convivencia pacífica; la implementación de mecanismos alternativos a la privación de libertad y flexibilización de procesos.

Así como la consolidación de una nueva etapa política basada en el diálogo y la convivencia democrática, de acuerdo con sus autoridades.

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