El anuncio del reingreso lo realizó a través de las redes sociales el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, quien comunicó que este acto se concretó en la 153 Asamblea de la UIP, que sesionó en Tanzania entre el 5 y el 9 de octubre, donde su país recuperó los plenos derechos.
Para el legislador del Partido Socialista Unido de Venezuela este foro de la diplomacia parlamentaria es el “más importante del mundo”.
Rodríguez recordó la “amena y profunda conversación” sostenida el 17 de septiembre último con la secretaria general de la Unión Interparlamentaria, la rumana Anda Filip, en la cual se sentaron las bases para que “se hiciera justicia y el parlamento nacional pudiera reingresar a la UIP.
La República Bolivariana fue apartada de la organización por “la diatriba política y polarización extrema” que vivió este país, reconoció el diputado.
Venezuela estuvo representada en la cita por tres legisladores, incluida la segunda vicepresidenta, quien agradeció en la plenaria el retorno de la Asamblea Nacional a estos espacios.
Con bastante discreción, la comisión especial para la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia avanzó en la definición del nuevo texto legal que busca, en esencia, adecuarlo a las nuevas condiciones políticas de la nación.
En su propuesta al parlamento a finales de septiembre, la presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló que la reforma trata de abrir nuevos espacios para el reencuentro entre venezolanos y “promover la tolerancia a la diversidad” en pleno respeto a la diversidad.
Además de “avanzar en la despenalización de los tipos penales» previstos en esta norma y corregir desviaciones en su aplicación, indicó en carta enviada al titular del Poder Legislativo.
Sobre esa base, la comisión especial trazó la hoja de ruta para la construcción de una normativa en función de la paz y convivencia.
Hasta el momento, el primer vicepresidente del parlamento Pedro Infante ofreció algunos detalles a la prensa como la revisión de la Ley Constitucional contra el Odio y la Ley Constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, que fuera aprobada en diciembre de 2020.
Trabajaron, asimismo, en la despenalización, que está vinculada con varios de los artículos de esa norma jurídica, entre ellos el número 20, 21 y 22, entre otros, además de laborar en “definiciones necesarias”, que queden muy claras para su correcta implementación.
También revisaron a profundidad el artículo 18 de la Ley contra el Odio acerca de la pertinencia, conformación y reestructuración de la comisión encargada de velar por la promoción de los valores de la paz, reconciliación y convivencia.
Así como la probable incorporación de otros dos parlamentarios al grupo, para sumar 13, con el objetivo de “robustecer la capacidad técnica y política” del equipo de redacción del proyecto de Ley, y valoraron un posible cambio de nombre para hacerla más propositiva, en lo positivo, y “más para la formación, la educación y prevenir hechos de violencia, de odio y la intolerancia en la política”.
Un elemento de juicio importante tenido en cuenta para su modificación ha sido el contexto político del año 2017 en que fuera sancionada la norm por el parlamento, cuando en las calles de Venezuela imperó la violencia de sectores extremistas, que ocasionó muerte y destrucción.
En la actualidad -a juicio de Infante- la “violencia política ha ido bajando el volumen” y el país aspira a reencontrarse con una nueva situación donde el respeto, el reconocimiento de todos los sectores, entender la diversidad política y visiones “es el espíritu del momento”.
Sin embargo, no todo es color de rosa, opiniones diversas y encontradas se escuchan: unas que apuestan por derogar en su totalidad la Ley, otras por mantenerla como está y el de la comisión que las considera de extremos y apuesta por un equilibrio en beneficio de la sociedad venezolana.
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