Según informó el diario O Estado de São Paulo, la denominada Operación Wi-Fi investiga un contrato firmado entre la Alcaldía de São Paulo y el Instituto Conhecer Brasil (ICB) para la instalación y mantenimiento de puntos de acceso gratuito a internet en comunidades periféricas de la ciudad.
El ICB es una organización no gubernamental (ONG) propiedad de Karina Ferreira da Gama, socia de la productora Go UP Entertainment Ltd, responsable de la película.
De acuerdo con el periódico, el contrato bajo investigación fue firmado en 2024 por 108 millones de reales (21,6 millones de dólares), pero fue ampliado posteriormente mediante modificaciones contractuales que elevaron su valor total hasta 157,1 millones de reales (31,4 millones de dólares).
Las autoridades investigan posibles irregularidades en el proceso de selección de la entidad, fraude en la ejecución del convenio y eventual desvío de recursos públicos.
De acuerdo con las pesquisas, el ICB habría sido el único participante en la convocatoria pública, pese a no contar con experiencia previa en el sector de telecomunicaciones.
Otro de los aspectos examinados es la diferencia entre los valores cobrados por la ONG y los costos registrados en contratos anteriores para servicios similares.
Mientras acuerdos previos contemplaban gastos significativamente menores, el nuevo contrato estableció pagos de alrededor de mil 800 reales (360 dólares) mensuales por cada punto de acceso instalado.
La Justicia también verificó que, de los cinco mil puntos previstos inicialmente, solo unos tres mil 200 habrían sido implementados. Pese a ello, la administración municipal aprobó nuevas enmiendas que añadieron 49,1 millones de reales (9,8 millones de dólares) al contrato.
Por su parte, la Alcaldía de São Paulo rechazó las acusaciones, defendió la legalidad del contrato y aseguró que colabora plenamente con las investigaciones en curso.
Esta pesquisa adquirió relevancia política debido a la posible relación entre los recursos públicos y la producción de Dark Horse.
Una de las hipótesis que se están investigando es que parte de los fondos podrían haber acabado en las arcas de Go Up durante el tiempo en que se estaba produciendo la cinta, indicó el medio.
“Existen sospechas constantes de mezcla de activos (entre el instituto y la productora) y de que fondos públicos del programa ‘WiFi Livre SP’ fueron desviados para financiar las actividades de producción de la mencionada película”, escribió el detective Antônio Carlos Munuera Silveira, en un documento remitido al juzgado que supervisa el caso.
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