La decisión, dada a conocer en Ginebra en el contexto de la 114 Conferencia de la OIT, implica que el Gobierno panameño deberá comparecer ante la instancia evaluadora para informar sobre la aplicación del Convenio 87, instrumento que regula la protección del derecho de organización de los trabajadores.
Según el documento oficial divulgado este lunes, Panamá comparte el listado con otras naciones latinoamericanas como Argentina, Colombia y Uruguay.
La inclusión en este grupo obliga al Estado panameño a presentar explicaciones sobre las presuntas deficiencias normativas o prácticas que motivaron el llamado de atención de la organización internacional.
Desde Ginebra, el dirigente sindical Marco Andrade señaló que el propósito de su presencia en el foro era denunciar las violaciones a los derechos laborales que se registran actualmente en el país.
El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) declaró a Prensa Latina que se cumplió el objetivo de que la administración del presidente José Raúl Mulino fuera cuestionada por vulnerar de manera constante la libertad sindical.
Andrade recordó que una comisión de expertos de la OIT había advertido anteriormente sobre un retroceso en las garantías y condiciones para el funcionamiento de las organizaciones sindicales en Panamá.
Asimismo, sostuvo que existe persecución judicial y una “asfixia de recursos” contra agrupaciones, entre ellas el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Agregó que durante la conferencia también denunciarán los hechos ocurridos en la occidental provincia de Bocas del Toro, en mayo de 2025, cuando manifestantes fueron reprimidos durante las protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
De igual forma, hizo referencia a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho a huelga como una garantía fundamental de los trabajadores, criterio que, a su juicio, contrasta con las políticas impulsadas por el actual Ejecutivo.
Por su parte, Yamir Córdoba, secretario general de Suntracs y miembro de la delegación presente en la Conferencia, denunció la persecución política contra dirigentes sindicales y afirmó que se utilizan mecanismos judiciales para intentar silenciar a líderes gremiales y promover procesos encaminados a la disolución de esa organización, fundada hace más de 50 años.
Según Córdoba, Panamá figura por segunda ocasión en la lista de países observados por la OIT en materia de libertad sindical, situación que atribuyó a las actuaciones de un Gobierno autoritario que, en su opinión, incumple normas consagradas en la Constitución y en convenios internacionales ratificados por el país.
mar/ga
