Un estudio elaborado por el Banco Mundial(BM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) concluyó que, pese a los recursos destinados a programas sociales, sus resultados siguen siendo limitados para atender a los sectores más vulnerables.

La investigación, titulada Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia, señala que provincias y comarcas como Bocas del Toro, Darién, Guna Yala y Emberá Wounaan, donde persisten importantes carencias económicas y sociales, registran bajos niveles de acceso a iniciativas como 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián.

Por otra parte, un análisis del BM publicado en mayo último indica que, aunque estas transferencias monetarias han contribuido históricamente a reducir la pobreza, su cobertura actual continúa siendo insuficiente.

Según el organismo, apenas entre el seis y el 23 por ciento de la población ubicada en los sectores más pobres recibe algún beneficio de esos programas, lo que evidencia una amplia brecha entre las necesidades existentes y el alcance efectivo de las ayudas estatales.

Datos de la Red Nacional de Beneficiarios muestran que actualmente unas 189 mil 930 personas reciben transferencias monetarias en el país. Las mayores concentraciones se localizan en las provincias de Panamá, Chiriquí y Veraguas, así como en la comarca Ngäbe Buglé.

Especialistas consideran que esa distribución refleja problemas de focalización, pues con excepción de Ngäbe Buglé, ninguno de esos territorios supera el 20 por ciento de incidencia de pobreza multidimensional.

El sociólogo Mario De León señaló al diario La Estrella de Panamá que la pobreza no debe medirse únicamente por la falta de ingresos, sino también por factores relacionados con el acceso a servicios públicos, infraestructura y oportunidades de desarrollo.

A su juicio, las transferencias monetarias constituyen solo un mecanismo de redistribución del ingreso y requieren complementarse con políticas públicas integrales dirigidas a resolver problemas estructurales.

Para el BM, el problema principal no radica en la disponibilidad de recursos, sino en la eficiencia de su asignación.

El organismo advierte sobre la coexistencia de subcobertura en los hogares más pobres y filtraciones hacia sectores de ingresos medios y medio-altos, situación que refleja debilidades en los mecanismos de selección y control.

Asimismo, destaca que las transferencias monetarias solo generan efectos sostenibles cuando se acompañan de servicios básicos como salud, educación, agua potable, atención a la primera infancia y programas de generación de ingresos.

Los informes también alertan sobre la persistencia de profundas desigualdades territoriales. Las regiones rurales y comarcales concentran los peores indicadores de pobreza multidimensional y enfrentan mayores barreras para acceder a servicios públicos y oportunidades económicas.

De León advirtió además sobre la falta de estadísticas socioeconómicas actualizadas para diseñar políticas más efectivas contra la pobreza.

Según datos oficiales, los últimos reportes nacionales sobre pobreza corresponden a 2018, mientras que los informes más recientes sobre distribución del ingreso datan de 2023.

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