En una nota oficial, el Ejecutivo afirmó que la pesquisa, iniciada el 15 de julio de 2025, fue promovida por la familia Bolsonaro y vinculada a intentos de interferencia externa en cuestiones nacionales.
Además, calificó de lamentable que los esfuerzos de diálogo desarrollados con la administración estadounidense, incluidos contactos directos entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, sean “saboteados por intereses meramente electorales y familiares”.
Como resultado de la investigación, Estados Unidos amenazó con aplicar un arancel adicional de 25 por ciento a productos brasileños desde el 15 de julio próximo.
Washington justifica la decisión bajo el argumento de prácticas comerciales supuestamente perjudiciales para empresas estadounidenses, entre ellas políticas digitales, el sistema de pagos Pix, deficiencias en propiedad intelectual y presuntas barreras al acceso al mercado brasileño.
“No había ni hay justificación para estas medidas unilaterales contra nuestro país o contra patrimonios brasileños como el Pix”, indicó el texto del Ejecutivo brasileño
La administración del gigante sudamericano recordó que, según datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, ese país acumuló un superávit de 424 mil 500 millones de dólares en el comercio de bienes y servicios con Brasil entre 2011 y 2025.
También destacó que el mercado brasileño mantiene una amplia apertura a los productos norteamericanos, y que, en 2025, el 76 por ciento de las importaciones procedentes de Estados Unidos ingresó al país sin pagar aranceles.
El Gobierno sostuvo además que presentó abundante documentación a los técnicos de la USTR para demostrar que la política comercial brasileña “no discrimina, no perjudica el comercio de Estados Unidos ni viola las normas internacionales vigentes”.
La nota confirmó que continúan las negociaciones acordadas por Lula y Trump durante su reunión del 7 de mayo en Washington, con el objetivo de concluir la investigación antes del 15 de julio sin la aplicación de medidas comerciales contra Brasil.
No obstante, advirtió que se reserva el derecho de utilizar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, para responder a eventuales acciones consideradas injustas y contrarias a las reglas del comercio internacional.
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