La resolución, emitida por la jueza Ivonne Coloma, dejó sin efecto la medida adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que canceló la inscripción de Unidad Popular, agrupación de izquierda.

En su sentencia, Coloma concluyó que el organismo electoral actuó fuera de los plazos legales establecidos, debido a que las elecciones seccionales fueron adelantadas para noviembre de 2026.

La magistrada indicó que no encontró en el expediente documentación suficiente que demostrara que la organización incumplía el número mínimo de afiliados requerido para conservar su personería jurídica.

Tras conocerse el fallo, el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, celebró la decisión.

“Se ha hecho justicia, ha triunfado la democracia”, afirmó Atarihuana en una rueda de prensa, donde sostuvo que la sentencia acogió los argumentos presentados por su organización y confirmó que el proceso impulsado por el CNE presentó irregularidades.

El dirigente aseguró que la resolución restituye plenamente los derechos de participación política de Unidad Popular y ratifica su permanencia dentro del registro oficial de organizaciones políticas.

Asimismo, anunció que la agrupación iniciará sus procesos internos para participar en las elecciones locales, previstas para el 29 de noviembre, y buscará alianzas territoriales con otras fuerzas políticas.

No obstante, la decisión todavía no es definitiva, ya que el CNE puede apelar el fallo ante el pleno del TCE, instancia que deberá resolver si finalmente la organización conserva su inscripción o si se ratifica su eliminación.

El caso se desarrolla en medio de cuestionamientos a otras decisiones electorales que afectan a organizaciones de oposición de cara a los próximos comicios del 29 de noviembre, cuando los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes, concejales, y otras autoridades locales.

Uno de los factores que marcan este proceso es la suspensión temporal de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora del país.

La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, aseguró que los militantes de ese movimiento estarán en las papeletas pese a la suspensión “ilegal” impuesta por el TCE gracias a acuerdos con otros movimientos políticos para inscribir sus candidaturas.

En opinión de Rivadeneira, el Gobierno de Daniel Noboa, a través de sus aliados, busca “eliminar la posibilidad de una participación” de la RC para “ir solo en la papeleta”.

Atarihuana descartó este miércoles una alianza con la RC, pero sí mencionó a posibles acuerdos con Pachakutik, el Partido Socialista Ecuatoriano, Avanza, Futuro 20, e Izquierda Democrática.

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