Desde las afueras de la Corte Constitucional Pabón explicó este miércoles que con el recurso solicita medidas cautelares para suspender la aplicación de la normativa mientras se resuelve el fondo del caso.

De acuerdo con la prefecta de la provincia donde se encuentra la capital ecuatoriana, la Corte ya admitió a trámite varias demandas contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobada este año, pero aún no se ha pronunciado sobre los pedidos.

“Si la Corte se va a tomar el tiempo necesario para valorar si en efecto es inconstitucional la reforma, es urgente que nos entreguen las medidas cautelares”, afirmó.

La autoridad provincial precisó que la evaluación presupuestaria de los gobiernos locales comenzará este mes bajo las nuevas reglas, por lo que una demora en la decisión judicial podría traducirse en recortes de recursos para municipios, prefecturas y juntas parroquiales.

La reforma forma parte de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, en febrero pasado.

La normativa establece que los municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 65 por ciento de sus presupuestos a inversión en obras, porcentaje que aumentará progresivamente hasta llegar al 70 por ciento en 2028.

Sin embargo, las administraciones locales sostienen que el esquema no reconoce adecuadamente los costos del personal técnico y operativo que participa en la ejecución de proyectos, así como programas sociales y culturales.

Pabón aseguró que el reglamento emitido por el Gobierno de Daniel Noboa agrava los efectos de la reforma y pone en riesgo la continuidad de obras públicas que se ejecutan mediante contratos plurianuales.

Según explicó, si se reducen los recursos asignados a los gobiernos locales, podrían surgir dificultades para cumplir compromisos de pago adquiridos con contratistas y proveedores.

La prefecta insistió en que la Constitución ecuatoriana garantiza la autonomía financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y establece que sus ingresos deben ser previsibles para asegurar la planificación y ejecución de proyectos.

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