La detención fue realizada la víspera por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tras la intervención de fiscales de La Paz en instalaciones de la estatal energética en Santa Cruz de la Sierra, donde el funcionario sospechoso labora.
Afirmó el fiscal Johan Muñoz que en instalaciones de YPFB se realizó el registro del lugar de los hechos y se revisó la documentación vinculada al caso “gasolina basura”, denunciado por la diputada Lissa Claros.
“La comisión de fiscales ha determinado emitir una aprehensión en mérito del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. En tal sentido, lo hemos aprehendido, se le ha tomado la declaración informativa y vamos a ponerlo ante un juez jurisdiccional”, informó.
Sobre Cuéllar pesan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Tras concretarse la aprehensión, Cuéllar fue remitido a la Felcc, en cuyas celdas amaneció este jueves, y se espera que sea trasladado en vuelo con rumbo a La Paz, donde está radicado el expediente.
En enero último, el gerente Cuéllar afirmó que YPFB poseía un sistema integral técnico robusto para controlar y asegurar la calidad de los combustibles líquidos comercializados, que abarcaba todas las etapas, según la normativa vigente sobre calidad.
Asimismo, en una grabación difundida el 26 de febrero último por el canal privado DTV, Cuéllar reconoció que se tenía conocimiento sobre la mala calidad del combustible y solicitó que esta información no fuera divulgada.
Sobre el particular, el entonces ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli también declaró el 3 de febrero y culpó al Gobierno del exdignatario Luis Arce.
En la misma dirección, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, sostuvo que existe una tergiversación de la información y reiteró que se trata de un “problema heredado”.
Unos 42 funcionarios y exfuncionarios de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH figuran identificados como posibles responsables de la importación y distribución del denominado “combustible basura”.
Según la diputada del Partido Demócrata Cristiana (PDC) Ximena Arispe, la Comisión Especial de Investigación creada por una resolución de la Cámara de Diputados identificó a 22 asalariados y exasalariados de YPFB y a otros 20 relacionados con la ANH.
La comisión tiene un plazo de 120 días para presentar su informe final ante el pleno cameral, sobre lo cual Arispe afirmó que están en la última fase y se alista el documento final para presentarlo antes de que concluya el mes en curso.
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