Perteneciente a la fracción disidente del PDC con el que el presidente Paz llegó al poder, Patiño emitió esta declaración en medio de los bloqueos en que diversos sectores sociales exigen la renuncia del jefe de Estado en protestas ininterrumpidas desde hace 35 días.
En medio de estas movilizaciones en su contra, Paz anunció este miércoles que envió al Legislativo un proyecto de ley para reglamentar el estado de excepción.
Informó que el documento ya ha sido enviado y que espera que pronto sea resuelto.
Añadió que la normativa “es para fortalecer” a las Fuerzas Armadas “en su actuación”, en el contexto de lo que denominó una “acción humanitaria”.
Sin embargo, el vicepresidente del Estado declarado opositor al Ejecutivo, Édman Lara, expresó su rechazo al estado de excepción y abogó por una solución negociada en la mesa de conversaciones entre el Gobierno y los protagonistas de las marchas y bloqueos.
Al respecto, insistió en ofrecer la mediación de la Vicepresidencia del Estado, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
Desde que hace 35 días la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a exigir en marchas y bloqueos la renuncia de Paz, convergen en este tipo de medidas de presión los participantes en la Marcha por la Vida procedentes de Oruro, afines al expresidente Evo Morales; integrantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; mineros, campesinos Ponchos Rojos; trabajadores fabriles, maestros, gremiales y transportistas.
Tal situación provoca un panorama crítico en varias regiones tras el cierre de las vías durante más de un mes, lo cual impide el acceso a combustibles, oxígeno para hospitales, alimentos, insumos médicos y medicamentos.
Principalmente en La Paz y El Alto es muy notoria la escasez de estos productos, y lo poco que se vende duplicó o triplicó su precio ante la desesperación de la población, que reclama soluciones.
Frente a esta realidad, Patiño se sumó a una huelga de hambre de legisladores y criticó la falta de resultados en los intentos de diálogo entre el Gobierno y los movilizados, impulsado por la Vicepresidencia del Estado, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
A pocas cuadras de la ALP, en la sede de la Defensoría del Pueblo, iniciaron similar medida extrema hace 14 días las amas de casa Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca, quienes se sostienen solo mediante la masticación de hojas de coca.
Entrevistada por Prensa Latina en el lecho donde sostiene esta forma de protesta, Huanca criticó la derogación de la Ley 1341, la cual cerraba el paso a la impunidad de policías y militares en la represión durante la protesta social.
La huelguista explicó a esta agencia de noticias que la Ley 1341 nació de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019 en Senkata, Sacaba y Huayllani, con saldo de 37 muertes.
Afirmó que las tres consideran que al abrogar la 1341 y reglamentar una nueva normativa se intenta abrir un espacio para violar derechos constitucionales civiles, políticos y humanos.
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