La decisión arbitraria del Ejecutivo vuelve a colocar el tema en el centro del debate nacional.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que el equipo gubernamental estará encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, e integrado además por los titulares de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro.
De acuerdo con una nota oficial de la Presidencia, el mandatario recordó que desde el inicio de su administración, en julio de 2024, dejó claro que el tema minero sería abordado con información objetiva, sustentada en criterios técnicos y respaldada por expertos nacionales e internacionales.
En referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato de concesión suscrito entre el Estado y Minera Panamá, Mulino defendió la necesidad de contar con información confiable antes de adoptar decisiones de alto impacto para el país.
El gobernante indicó que su administración busca avanzar “dando los pasos en el sentido correcto” para que Panamá disponga de un informe “concreto y serio” que permita evaluar el futuro del proyecto minero desde perspectivas técnicas, jurídicas, económicas y ambientales.
Según explicó, la iniciativa incorporará además criterios de especialistas nacionales e internacionales en las diferentes áreas vinculadas al sector, con el propósito de lograr una evaluación integral.
Sin embargo, la decisión gubernamental encuentra una fuerte oposición en diversos sectores de la sociedad civil.
Organizaciones como Panamá Vale Más sin Minería, Sal de las Redes, el Movimiento Independiente Voluntad y el Centro de Incidencia Ambiental reiteraron su rechazo a la actividad extractiva y denunciaron los daños irreversibles a la naturaleza que, a su juicio, genera este tipo de explotación.
La controversia revive uno de los episodios más intensos de la historia reciente del país.
Entre octubre y noviembre de 2023, multitudinarias protestas populares paralizaron gran parte del territorio nacional hasta el máximo tribunal declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a la compañía subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum.
Posteriormente, el Gobierno decretó el cese de operaciones del yacimiento.
No obstante, la actual administración ordenó auditorías al proyecto y reforzó un plan de manejo seguro de las instalaciones.
Asimismo, autorizó el procesamiento y exportación del mineral almacenado, decisión cuestionada por grupos ambientalistas que mantienen denuncias sobre supuestos daños ecológicos en la zona.
Las posiciones encontradas entre el Ejecutivo, que apuesta por una evaluación técnica para definir el futuro del proyecto, y los movimientos sociales que exigen el cierre definitivo de la explotación minera, anticipan un nuevo capítulo de una controversia que continúa dividiendo a la sociedad panameña.
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