Los compromisos fueron abordados durante el Encuentro Bilateral sobre Cooperación Jurídica Internacional y Lucha Conjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, celebrado en esta capital con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
La procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de República Dominicana, explicó que ambos ministerios públicos buscan consolidar mecanismos de coordinación que permitan una respuesta más eficaz frente a redes criminales que operan en varios países.
Entre los objetivos acordados figuran el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la identificación de casos de interés común y el establecimiento de canales directos de comunicación entre las autoridades competentes.
Las delegaciones también avanzaron en la definición de líneas de acción para la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación, una herramienta utilizada internacionalmente para enfrentar estructuras criminales transnacionales.
En representación de Colombia participaron funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, incluidos especialistas en derechos humanos, cooperación internacional, investigación criminal e Interpol.
Por parte de República Dominicana asistieron representantes de las áreas de cooperación jurídica internacional, análisis criminal y policía judicial adscritas al Ministerio Público.
Durante las sesiones de trabajo se abordó además la denominada “Operación Begonias”, una investigación que permitió rescatar en República Dominicana a más de 40 mujeres colombianas víctimas de explotación sexual.
Según las autoridades, las afectadas fueron captadas mediante falsas ofertas de empleo y posteriormente sometidas a coerción, retención de documentos y endeudamiento fraudulento.
El encuentro contó con el respaldo de la Unodc, así como de proyectos de cooperación financiados por Canadá y la Unión Europea, orientados a fortalecer la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en América Latina y el Caribe.
Los participantes coincidieron en que la cooperación internacional resulta esencial para enfrentar las redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales y garantizar una mayor protección a las víctimas.
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