El recién designado secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, aseguró que la fusión de diversas entidades busca simplificar la estructura estatal, agilizar procesos administrativos y mejorar la prestación de servicios públicos.
Sin embargo, economistas y políticos coincidieron en que el impacto fiscal sería limitado y que el principal objetivo parece ser enviar señales de disciplina fiscal al FMI, organismo con el cual el gobierno de Daniel Noboa mantiene un acuerdo crediticio.
El expresidente Rafael Correa (2007-2017), fundador y líder de la Revolución Ciudadana, calificó la decisión como una “destrucción de la Función Ejecutiva” y cuestionó la integración de áreas económicas y productivas en una sola cartera estatal.
Por su parte, el abogado y analista político Mauro Andino sostuvo que la reducción institucional forma parte de una agenda de austeridad impulsada por el organismo financiero internacional.
“En este gobierno el austericidio económico es política de Estado. La agenda del FMI se cumple al pie de la letra, así eso signifique empeorar los servicios públicos, despedir gente y reducir derechos”, señaló.
El economista Alberto Acosta Burneo también cuestionó que la reducción del número de ministerios garantice un menor gasto estatal.
“No se trata de la cantidad de ministerios, sino de la calidad del gasto”, escribió en la red social X.
La nueva reorganización se suma a la aplicada en julio de 2025, cuando el Gobierno redujo el número de ministerios de 20 a 14 y el de secretarías de nueve a tres, proceso acompañado por la desvinculación de alrededor de cinco mil funcionarios públicos.
Desde el Observatorio de la Dolarización señalaron que el reajuste cual respondería a un “llamado de atención” del FMI al Gobierno de Noboa por incumplir la meta del déficit primario no petrolero en 2025, debido a la entrega de bonos durante la campaña previa a la consulta popular.
“Finalmente el costo económico del ajuste terminarán absorbiendo los ecuatorianos vía desempleo, pésimos servicios públicos y degradación social. No hay evidencia robusta de que con la reducción del Estado se haya logrado eficiencia administrativa y mayores beneficios a los ciudadanos”, afirmó el Observatorio.
Según informó el Ejecutivo, los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura y Ganadería, y Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca serán integrados en un nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
Asimismo, las áreas de Transporte y Obras Públicas conjuntamente con Telecomunicaciones pasarán a formar parte del nuevo Ministerio de Infraestructura y Tecnología.
En tanto, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano agrupará funciones de varias instituciones, entre ellas el actual Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades.
Las autoridades no han dicho cuántos funcionarios dejarán sus cargos con la nueva fusión institucional.
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