El Ministerio de Gobierno (Mingob) sostuvo durante estos días un operativo nacional reforzado, con énfasis en el sector este de la provincia de Panamá, particularmente en el distrito de Chepo y comunidades rurales aledañas, donde se presume la presencia de prófugos.

En estas acciones participan de manera coordinada la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario y el Servicio de Protección Institucional (SPI), lo que ha sido calificado por analistas locales como una respuesta de “carácter extraordinario” ante la magnitud del evento.

De acuerdo con el balance oficial, hasta la fecha han sido ubicados 166 de los 195 reos evadidos el pasado 1 de junio, mientras continúan las labores para dar con el paradero de aproximadamente 29 personas.

Entre los resultados se incluyen recapturas, fallecidos bajo investigación del Ministerio Público por presunto homicidio, y casos de entrega voluntaria que aún no han sido plenamente incorporados al registro penitenciario.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha encabezado las coordinaciones operativas junto a altos mandos del SPI y del Sistema Penitenciario, reiterando que los prófugos representan un riesgo significativo para la seguridad ciudadana debido a su vinculación con delitos de alto impacto como homicidio y narcotráfico.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación informó avances en la judicialización del caso, con 18 audiencias de control de garantías realizadas y 134 personas llevadas ante tribunales por el delito de evasión.

De ellas, 125 recibieron detención provisional y nueve fueron condenadas mediante acuerdos de pena, con sanciones entre 36 y 47 meses de prisión.

Fuentes cercanas al sistema de seguridad consultadas en el marco del seguimiento del caso señalaron que la fuga ha expuesto debilidades estructurales en el sistema penitenciario, incluyendo problemas de control interno, infraestructura y supervisión, elementos que habrían facilitado la evasión masiva.

Asimismo, se conoció que dentro de los cuerpos de seguridad existe preocupación por la dispersión de los evadidos en zonas de difícil acceso, lo que ha obligado a extender los patrullajes, reforzar retenes y utilizar inteligencia operativa para rastrear movimientos en comunidades periféricas.

Por otra parte, residentes de áreas intervenidas en el este del país han manifestado inquietud por los constantes operativos, bloqueos y registros vehiculares, que aunque son considerados necesarios por las autoridades, han generado afectaciones temporales en la movilidad y actividades cotidianas.

El Ejecutivo ha reiterado que las operaciones no se detendrán hasta lograr la recaptura total de los evadidos, mientras se mantienen abiertos los procesos de investigación sobre las circunstancias que permitieron la fuga masiva.

En tanto, el Mingob insiste en llamados a la entrega voluntaria de los prófugos, asegurando que el retorno a los centros penitenciarios representa, según sus declaraciones, la opción más segura en el actual contexto de persecución nacional.

La crisis ha reabierto el debate público sobre la seguridad penitenciaria en Panamá y la capacidad del sistema para contener a personas privadas de libertad de alta peligrosidad, en un escenario donde convergen investigación judicial, presión operativa y preocupación ciudadana.

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