El recién designado secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, aseguró que la fusión de diversas entidades busca simplificar la estructura estatal, agilizar procesos administrativos y mejorar la prestación de servicios públicos.
Sin embargo, economistas y políticos coincidieron en que el impacto fiscal sería limitado y que el principal objetivo parece ser enviar señales de disciplina fiscal al FMI, organismo con el cual Ecuador mantiene un acuerdo crediticio.
La nueva reorganización, que redujo de 14 a 10 los ministerios, se suma a la aplicada en julio de 2025, cuando el Gobierno realizó una primera fusión institucional, proceso que estuvo acompañado por la desvinculación de alrededor de cinco mil funcionarios.
Las autoridades no han dicho cuántos servidores dejarán sus cargos con la nueva fusión institucional.
Por otro lado, esta semana salieron a la luz audios que revelan la presunta coordinación entre la exministra de Ambiente y Energía Inés Manzano, con la legisladora oficialista Diana Jácome, titular de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, para evitar una fiscalización profunda del denominado caso Progen.
Ese es un escándalo de corrupción que provocó al Estado pérdidas superiores a 100 millones de dólares debido a la contratación de la empresa Progen para la compra de motores para la generación eléctrica en 2024 que resultaron inservibles.
En ese contexto, la bancada de la Revolución Ciudadana solicitó un juicio político a Manzano, quien ya no está en el cargo, y se espera este sábado una sesión virtual de la Comisión de Fiscalización para tratar el tema, considerado uno de los mayores desfalcos en la historia del país.
Esta semana también fue noticia en Ecuador el pedido de perdón de las Fuerzas Armadas -en cumplimiento de una sentencia judicial- a las familias de los cuatro menores del barrio guayaquileño Las Malvinas víctimas de desaparición forzada y posterior asesinato tras un operativo militar.
En el acto, los padres de Josué, Ismael, Nehemías y Steven aceptaron las disculpas públicas, pero en medio de gritos de “Fuera Noboa” y “Gobierno mataniños”, reclamaron respuestas para otros 51 casos de desapariciones forzadas en el contexto de la militarización aplicada desde 2024.
En cuanto a la crisis carcelaria, una investigación de las plataformas periodísticas Connectas y Tierra de Nadie reveló que al menos mil 220 reclusos fallecieron en las prisiones como consecuencia de enfermedades, particularmente tuberculosis, desnutrición y falta de atención médica.
Familiares de reclusos protagonizaron el pasado martes un plantón frente a la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), en Quito para denunciar la situación.
“Todo lo que está pasando dentro de las cárceles es totalmente inhumano. Están deshumanizando la vida, la integridad y la dignidad de las personas privadas de libertad”, afirmó Ana Morales, fundadora del Comité de Familiares por una Vida Digna.
En materia de seguridad, en los últimos días conmovió el hallazgo de ocho cuerpos en la provincia de Los Ríos, en el centro sur del país, pertenecientes a un grupo de jóvenes cuyos padres denunciaron su desaparición desde el 31 de mayo pasado.
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