Esta normativa fue remitida al Ejecutivo para su promulgación y las autoridades de este órgano del Estado afirmaron que será el dignatario quien defina los siguientes pasos respecto a la ley, impulsada por el Gobierno en medio de los bloqueos de sectores sociales movilizados con la exigencia de la renuncia de Paz.
“Se espera instrucciones del presidente Rodrigo Paz y de la oficina del presidente, y en base a eso seguramente estaremos comunicando”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo Óscar Mario Justiniano en declaraciones a la cadena Unitel.
Otros titulares consultados por distintos medios este fin de semana descartaron que, hasta el momento, exista una determinación oficial sobre la promulgación de la ley, y tampoco sobre una eventual aplicación de medidas excepcionales.
Coincidieron esas autoridades en que cualquier decisión dependerá de la evaluación que realice el jefe de Estado junto a su gabinete.
La Ley de Regulación del Estado de Excepción establece los procedimientos para la declaratoria de esa medida en casos de conmoción interna, amenazas a la seguridad del Estado, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias.
Asimismo, precisa mecanismos de control legislativo y límites relacionados con la protección de derechos fundamentales.
EL debate de este asunto pasó a primer plano en el contexto de los bloqueos iniciados hace 39 días tras una convocatoria de la Central Obrera Boliviana.
Inicialmente, la COB promovió movilizaciones para reclamar una respuesta a su pliego petitorio en el que resaltaba el reclamo de un incremento salarial del 20 por ciento, lo cual no fue atendido por el Ejecutivo.
Posteriormente, se sumaron a este tipo de medidas de presión todas las organizaciones sociales que hoy se encuentran movilizadas.
Los bloqueos provocan un panorama crítico en varias regiones tras el cierre de las vías durante más de un mes, lo cual impide el acceso a combustibles, oxígeno para hospitales, alimentos, insumos médicos y medicamentos.
Principalmente en La Paz y El Alto es muy notoria la escasez de estos productos, y lo poco que se vende duplicó o triplicó su precio ante la desesperación de la población, que reclama soluciones.
En este contexto, los impulsores de la normativa sostienen que la reglamentación aporta al Estado instrumentos legales para responder a situaciones críticas, mientras los detractores expresan preocupación por posibles afectaciones a las libertades constitucionales.
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