La más reciente referencia al tema estuvo a cargo del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien aseguró este viernes que el exjefe de Estado de origen aymara será encarcelado antes de que concluya la actual administración para que responda ante la justicia por lo que denominó distintos procesos en su contra.

Considerado uno de los jefes de cartera más cercanos a Paz, incluso con lazos familiares, Zamora confesó durante una larga entrevista en el programa No Mentirás, del canal RTP, que el Ejecutivo tiene una estrategia para que Morales comparezca ante los tribunales, aunque evitó revelar los detalles.

“Yo puedo garantizar que Evo Morales va a terminar preso esta gestión, porque tiene que responder ante la Justicia. No solo por un caso personal (trata y tráfico agravado de personas), que todo el mundo sabe”, dijo.

El integrante del Ejecutivo de derecha de Paz, culpó al exmandatario de origen indígena por la crisis política y social que, atraviesa el país.

“(…) Morales es una figura que ha causado mucho daño a Bolivia, no solo en lo político. Evo Morales no merece más muerte”, expresó desde su punto de vista.

Reiteró Zamora que existe un plan del Ejecutivo para que el líder cocalero enfrente a la Justicia, aunque afirmó que no puede revelar mayores detalles.

El lunes último, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, también se refirió a Morales al anunciar que su cartera alista más aprehensiones de líderes de movimientos populares que por más de 50 días protagonizaron marchas y bloqueos con la exigencia de la renuncia del jefe de Estado.

«La detención del dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, Vicente Salazar, no será la única dentro de las investigaciones por los 53 días de bloqueos», aseguró en esa fecha el titular.

Según la autoridad, las pesquisas alcanzarán a todos quienes, en opinión de las autoridades, tuvieron responsabilidad en esas movilizaciones, incluido el expresidente Morales.

Oviedo formuló esas amenazas 24 horas después del arresto de Salazar en la ciudad de El Alto.

“Vamos a seguir investigando y dando con los culpables de estos delitos, incluyendo al señor (Evo) Morales. Todos los que tienen que rendir cuentas a la Justicia tienen que hacerlo, sin excepción alguna”, sostuvo Oviedo en entrevista concedida a Radio Panamericana.

De acuerdo con el ministro, Morales convocó públicamente al cerco de la sede de gobierno y sostuvo que esas declaraciones forman parte de los elementos que analizan las autoridades dentro de la pesquisa.

El primer punto de un acuerdo pacificador rubricado el 19 de junio último por el presidente, Rodrigo Paz, y el titular de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, expresa que “el Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta; no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas”.

Morales y los miles de comunarios que lo protegen en anillos de seguridad en el Trópico de Cochabamba, donde permanece refugiado tras una orden aprehensión vigente desde 2024 por presunto tráfico agravado de personas, recuerdan que en 2019 murieron baleados 37 integrantes de sectores populares en Sacaba, Senkata y el Pedregal tras el derrocamiento del exmandatario el 10 de noviembre de ese año.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó de masacre esas acciones represivas.

Ante denuncias de Morales sobre una presunta persecución política, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, criticó lo que calificó de “hostigamiento” del exdignatario hacia las Fuerzas Armadas y sostuvo que los militares y policías solo cumplen su trabajo en el contexto del estado de excepción imperante en Bolivia durante 90 días.

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