En la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, que sesiona en Ginebra, Suiza, el secretario General de la Conusi, Marco Andrade, presentó evidencias de la persecución política a esas agrupaciones que originó que el país istmeño fuese incluido entre las 23 naciones más violadoras de los derechos laborales, lo que obliga al Gobierno a comparecer ante la OIT.

En represalia, subraya un comunicado oficial del colectivo, las instalaciones de la central obrera en el corregimiento de Ancón, en esta capital, fueron allanadas de manera ilegal por agentes de la Policía Nacional, y señalaron además error de ubicación cuando la orden precisaba que debían intervenir en otra de sus sedes.

En este caso se trata de un abuso de autoridad y poder, señala Conusi, pues luego que el abogado Jorge Guzmán notificara a los agentes del error en el procedimiento, las autoridades actuaron con prepotencia, amenazaron y expulsaron a sus representantes, en lugar de suspender el acto.

Conusi hizo esta denuncia pública a nivel nacional e internacional y llamó de manera urgente a las organizaciones sindicales gremios de abogados, la Academia y a especialistas en derecho penal para que alcen la voz en defensa del Estado de Derecho, la institucionalidad y la libertad sindical frente a las intervenciones del Ejecutivo, según el pronunciamiento.

Según documentos oficiales de la OIT, Panamá figura este año entre los más de 20 casos individuales seleccionados para ser analizados por el Comité de Aplicación de Normas debido a cuestionamientos relacionados con el cumplimiento del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

La inclusión obliga al Estado panameño a comparecer ante la instancia internacional y presentar información sobre las medidas adoptadas para garantizar esos derechos laborales.

Por su parte, la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas han señalado a Panamá entre los países con mayores cuestionamientos recientes en materia de derechos sindicales.

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