Preguntado en conferencia de prensa por su postura sobre ese tema, el mandatario felicitó primero al actual titular del Ministerio Público (MP) y trasmitió una congratulación como pueblo “porque lo tenemos” actuando de ese modo.

Antes era a piedra y lodo lo que sucedía dentro del ente investigativo y ahora ponen el salario de conocimiento público como parte de una política de transparencia, subrayó el jefe de Estado en el espacio llamado La Ronda.

Con la salida de Porras y tras la apertura de datos por parte de la nueva administración del Ministerio Público (MP), sobresalió que su ingreso mensual total ascendía a 132 mil quetzales (poco más de 17 mil dólares).

Antes, el medio Con Criterio expuso que mientras ocultó la nómina (en contra de la ley de información pública) y duplicó su ingreso en ocho años, informes y organizaciones denunciaban una institución cada vez más costosa, con la tasa de efectividad más baja y un 87 por ciento de denuncias desestimadas.

Diputados llamaron a transparentar no solo lo que cobraba mes a mes, sino también la cuantiosa indemnización que recibiría tras dejar el cargo, la cual estimaciones situaban en torno a los dos millones de quetzales (sobre los 261 mil dólares).

Tras la primera vuelta de las elecciones de 2023, Arévalo y su partido Movimiento Semilla acusaron a Porras y a sus fiscales cercanos de liderar un “golpe de Estado” y de ser la punta de lanza del “Pacto de Corruptos».

Desde que tomara la presidencia en enero de 2024, intentó buscar rutas legales para removerla de su cargo, con el razonamiento de que carecía de idoneidad.

Mientras el Ejecutivo presentó varias querellas contra la fiscal general por incumplimiento de deberes, el MP persiguió judicialmente a varios funcionarios del gobierno de Arévalo.

El rechazo popular creció al percibirse una “justicia selectiva” que protegía a políticos tradicionales acusados de corrupción, mientras perseguía a opositores, periodistas y jueces independientes.

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