El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó en conferencia de prensa que se alista establecer ese contacto para llevar adelante la pesquisa sobre lo que la prensa chilena destaca desde este lunes como el mayor decomiso de narcóticos en la historia del país vecino.

Informó, asimismo, que el Gobierno boliviano “por mi intermedio se va a poner en contacto con la Policía chilena a fin de realizar, (…) una investigación conjunta entre la Aduana chilena, la Aduana boliviana, la Fiscalía chilena y la Fiscalía boliviana; y la Policía chilena y la Policía boliviana”.

El Ministerio chileno de Seguridad Pública afirmó la víspera que este resultado se logró tras una larga investigación de seis meses.

Sobre esa base, la Policía Marítima, las fiscalías de Arica, Parinacota y el Servicio Nacional de Aduanas detectaron 45 contenedores contaminados en los puertos de Arica, Valparaíso y San Antonio.

El total de madera ocupada sumó unas mil 80 toneladas, las cuales estaban impregnadas con más de 100 toneladas de sustancia controlada, describió la fuente.

De acuerdo con los órganos de control chilenos, los contenedores con madera contaminada tenían como destino los mercados de Europa, Norteamérica, Oceanía y África, e incluso, tras la frustración del envío mayor de droga en este operativo, se estima una afectación al narcotráfico superior a los ocho mil 500 millones de dólares.

La Armada chilena informó que el cargamento era utilizado como fachada para ocultar grandes cantidades de droga, esta vez entre madera aserrada y material al que denominó tipo decking.

Al referirse a este escándalo, el canal privado boliviano DTV criticó la ineficacia de un grupo de instituciones presuntamente burladas.

Mencionó entre ellas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la Aduana Nacional, el Ministerio Público y otras estructuras que tienen a su cargo el control de estas mercancías en puertos y aeropuertos.

En apenas siete meses de su juramentación, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz ha visto opacada su gestión por escándalos como el de las 32 denominadas narcomaletas, trasladas hasta Santa Cruz desde Estados Unidos y extraídas irregularmente desde el aeropuerto de Viru Viru, sin que hasta el momento se conozca su contenido ni el paradero de estas valijas.

A ello se suma el dinero y las joyas del narcotraficante más buscado de Sudamérica, Sebastián Marset, capturado en Bolivia y expulsado de inmediato a Estados Unidos, que aparecieron 40 días después bajo control del Ministerio de Gobierno, después de muchas denuncias del canal DTV.

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