Según lo informado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ante la Comisión de Gobierno del Senado, queda sin efecto la idea de requerir información a establecimientos de salud, así como a los centros de educación parvularia, básica y media.

No obstante, el Gobierno ampliará la posibilidad de pedir datos a otros organismos públicos y privados.

La senadora del Partido Socialista y presidenta de la comisión, Danisa Astudillo, indicó que la polémica propuesta ya no seguirá adelante.

La medida había generado un fuerte rechazo, y la Defensoría de la Niñez advirtió que la obligación de entregar información sobre los migrantes violaba la Convención sobre los Derechos del Niño.

Tras negarse a revelar datos personales, la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, denunció que la propuesta del Ejecutivo era antinatural a la vocación sanitaria y violaba la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes.

El Colmed, junto con organizaciones de migrantes, derechos humanos y sociedad civil, habían entregado una carta pública a la ministra de Salud, May Chomali, manifestando su preocupación por el avance del proyecto de ley en trámite en el Senado.

De aprobarse, esta medida podría dejar a miles de personas sin acceso a tratamientos esenciales, como los asociados al VIH, la tuberculosis o el cáncer, advirtieron.

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