El Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó, el 22 de octubre último, un paquete de ayudas por 175,2 millones de euros para los sectores del transporte de mercancías por carretera, la agricultura y la pesca.
De ese monto, 105,2 millones se destinarán a compensar parte de los gastos de combustible de los transportistas, mientras otros 60 millones respaldarán a los agricultores y 10 millones a los pescadores.
Las protestas, que incluyeron bloqueos de carreteras y autopistas, afectaron especialmente a Campania, Calabria, Apulia y Sicilia, con interrupciones en las entregas de alimentos, combustible y otros productos esenciales.
Algunas empresas agroalimentarias paralizaron actividades por la falta de suministros, mientras las autoridades organizaron escoltas policiales para garantizar la circulación de mercancías y medicamentos.
Aunque las movilizaciones comenzaron a perder intensidad tras los compromisos gubernamentales, persistieron dificultades en Campania.
El Ejecutivo combinó las medidas económicas con actuaciones policiales contra los bloqueos considerados ilegales y anunció facilidades financieras para pequeñas empresas de transporte, incluida la posibilidad de aplazar determinados pagos de arrendamiento de vehículos.
En el ámbito de la seguridad, las autoridades desplegaron importantes dispositivos policiales ante las manifestaciones convocadas para este sábado en distintas ciudades, después de los disturbios y daños registrados durante las protestas del fin de semana anterior en Milán.
La Dirección de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales realizó registros en 18 ciudades italianas en el marco de las investigaciones sobre aquellos incidentes y cerca de un centenar de personas fueron identificadas, entre ellas 51 menores de edad, según medios de prensa locales.
Otro tema de relevancia nacional fue la incertidumbre sobre el futuro de la antigua siderúrgica Ilva, en Taranto, cuyo destino enfrenta las exigencias de protección de la salud y el medioambiente con la defensa del empleo y la continuidad de la producción industrial.
La Corte de Casación examinó, el pasado 20 de octubre, los recursos contra la decisión judicial que ordenó detener las actividades del área de producción en caliente de la planta.
El caso tiene repercusiones económicas y sociales para Taranto y otras localidades donde opera el grupo, debido a los miles de empleos directos e indirectos vinculados a la siderurgia.
En materia energética, la empresa Eni, controlada por el Estado, anunció que prolongará hasta finales de año el límite aplicado a los precios de la gasolina y el diésel en sus estaciones de servicio.
La decisión se conoció en medio de las protestas de los transportistas y de las preocupaciones por el impacto de los carburantes sobre los costos empresariales y el poder adquisitivo de los hogares.
npg/mml
