La decisión atañe a Alcides Bernal, César Jaramillo y Juan Daniel Girón, funcionarios asociados al blanqueo de capitales cometido durante el mandato del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ahora asilado en Colombia.
El máximo tribunal también ordenó corregir, por considerar deficiente su sustentación jurídica, los recursos promovidos por las defensas del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez; el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, Ricardo Francolini; el exasesor presidencial, Adolfo de Obarrio; así como George Moreno y Octavio Samaniego.
La Sala otorgó cinco días hábiles para la presentación de los escritos corregidos, una vez concluido el período de notificación mediante edicto.
Asimismo, fue rechazado el recurso de casación promovido por la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Donadío, Melina Cano, Jaime Martín y Luis Alberto Arias.
La decisión se produce en el marco de un proceso judicial iniciado en octubre de 2017, cuando el Ministerio Público abrió una investigación sobre la sociedad Blue Apple Services Inc.,
Esta compañía fue presuntamente creada para recibir y canalizar fondos procedentes de sobornos pagados por empresas contratistas interesadas en obtener proyectos de infraestructura pública.
La causa llegó a acumular más de 360 tomos de expedientes y decenas de imputados.
Las pesquisas revelaron una compleja estructura financiera integrada por sociedades anónimas, cuentas bancarias y transferencias de dinero utilizadas para ocultar el origen de los fondos.
Según las investigaciones, la empresa Blue Apple Services llegó a movilizar más de 40 millones de dólares a través de distintas entidades bancarias, recursos que presuntamente provenían de contratistas beneficiados con adjudicaciones estatales.
De acuerdo con la Fiscalía, el esquema operó principalmente durante la administración de Martinelli (2009-2014), mediante el pago de comisiones ilegales y sobornos asociados a contratos de obras públicas y otros proyectos financiados por el Estado.
En noviembre de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales emitió una sentencia mixta contra varios de los procesados, tras considerar acreditados delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y corrupción de servidores públicos. La decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en segunda instancia.
Como parte de las sentencias, los tribunales ordenaron el decomiso de bienes inmuebles, cuentas bancarias y otros activos vinculados al esquema investigado, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas conforme a la legislación vigente.
El caso Blue Apple es considerado por especialistas y autoridades judiciales como uno de los procesos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en Panamá, debido a la magnitud de los fondos investigados, la participación de exfuncionarios de alto nivel y el complejo entramado financiero utilizado para el supuesto pago y ocultamiento de sobornos.
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