A través de un comunicado, el Ejecutivo refirió que las autoridades municipales indicaron que hubo heridos tanto entre los participantes como entre las fuerzas de seguridad, además de reportarse daños materiales, incluyendo la quema de varios vehículos y la destrucción de bienes públicos y privados.

Añadió que, en respuesta a la situación, el ministro de Estado para la Justicia se reunió con los líderes de los partidos políticos involucrados para analizar las circunstancias de los hechos y evaluar sus consecuencias.

“El Gobierno también anuncia que ha instruido a los servicios pertinentes para que realicen las investigaciones necesarias y esclarezcan por completo los incidentes ocurridos”, refirió la nota.

El texto subraya, asimismo, el compromiso gubernamental con las libertades públicas garantizadas por la Constitución, en particular la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica; no obstante, recordó que el ejercicio de estos derechos debe realizarse de conformidad con las leyes y el orden público.

Igualmente, instó a los actores políticos y de la sociedad civil a actuar con moderación y responsabilidad, priorizando los mecanismos legales e institucionales para preservar la paz pública, la cohesión nacional y la estabilidad del país.

Varias voces condenaron en RDC la violencia contra una manifestación de la oposición ocurrida este viernes y demandaron una investigación independiente.

Distintos grupos que se oponen a reformas en la Constitución se reunieron frente al Palacio del Pueblo, sede del Parlamento, para una “una sentada” de protesta convocada por la coalición C64.

La reunión no fue autorizada por el gobierno en ese lugar, pero los participantes persistieron y fueron dispersados con gases lacrimógenos, disparos y golpes.

Según los organizadores, hubo varios heridos graves y dos muertos, pero estos últimos no han sido confirmados por el Gobierno.

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