El hecho coincidió con múltiples preocupaciones de políticos y analistas de izquierda y centro, por la inminente posibilidad de que la candidata neoliberal Keiko Fujimori se elegida presidenta, lo cual, opinan, pone en riesgo la vigencia plena de esos derechos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a más de 80 agrupaciones dedicadas al tema, rechazó la aprobación inicial de la norma, mientras las sesiones del Legislativo, que ya habían terminado, fueron ampliadas hasta el 24 de julio, al parecer para la segunda votación que confirme la ley.

La CNDDHH denunció que la ley, aprobada por el partido fujimorista Fuerza Popular y sus aliados en el Congreso, “amplía la competencia del fuero para que militares y policías sean investigados y juzgados por delitos comunes, fuera de la justicia ordinaria”.

La norma, agrega, “se suma al conjunto de normas impulsadas por el Congreso para debilitar los mecanismos de control, reducir la rendición de cuentas y garantizar mayores espacios de impunidad frente a graves hechos cometidos por agentes estatales.

Argumenta también que la justicia militar tiene un carácter excepcional y restrictivo y no puede tratar casos de violaciones de derechos humanos ni debe ser usada como un fuero de privilegio.

La controvertida norma ordena también que si uno de esos casos está siendo abordado por los fueros común y militar policial, deberá quedar en manos del segundo y si está en manos de este, la justicia ordinaria no podrá intervenir.

El abogado Carlos Rivera, especialista en derechos humanos, opinó que la ley, por su carácter penal, tiene efectos futuros, pero también abarca casos de la épooca del llamado conflicto interno (1990-2000) y contradice la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema en 1995 delimitó los fueros de la justicia común y la militar.

La nueva ley, subrayó, “desnaturaliza el concepto de delito de función, amplía indebidamente el ámbito de intervención de las Fuerzas Armadas y, además, atropella y vulnera la independencia y autonomía del Poder Judicial”.

Durante el debate, el congresista de derecha extrema Alejandro Muñante argumentó que la ley garantiza “una justicia objetiva y especializada y, sobre todo, una justicia que comprenda la labor que nuestros efectivos militares y policiales”, señaló.

Entre quienes votaron en contra, la centrista Susel Paredes sostuvo en cambio que la norma viola el principio de igualdad ante la ley entre civiles y uniformados.

“Delincuente es delincuente, tenga uniforme o no. Aquí se está faltando el respeto a jueces y fiscales. ¿Un militar que forma parte de una organización criminal debe ser juzgado por el fuero militar?” cuestionó.

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