La nueva norma tiene como objetivo la protección del patrimonio, territorio y recursos naturales de esos asentamientos de Santiago Nonualco, una comunidad ubicada en los departamentos de La Paz y San Vicente, cuyo origen parte de los pueblos indígenas nahuas y pipil de los siglos XI y XII.

Vigente desde el 9 de junio, la ordenanza cita el artículo 203 de la Constitución que les concede «autonomía en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo» a las municipalidades, prohíbe el traslado forzoso del asentamiento de la comunidad originaria y reconoce el derecho a proteger sus manifestaciones culturales, reseñó el Diario El Mundo El Salvador.

También promueve la reparación por confiscaciones de su patrimonio en el pasado, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma.

Esa reparación podría incluir la restitución o «una indemnización justa, imparcial y equitativa».

La comunidad originaria de Santiago Nonualco, tiene derecho a ser protegida contra la cualquier forma de discriminación racial; a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales; promover y proteger el derecho sobre sus niños; a tener su propia cultura, así como practicar su propia religión; además, emplear su propio idioma, y rescatar su identidad originaria.

A su vez, contempla entre los derechos de las mujeres que se les reconozca su trabajo en casa y fuera; ser informada sobre los métodos anticonceptivos; y a elegir libremente a su pareja y sin presión alguna.

El instrumento también creará un Comité de Comunidades Originarias de Santiago Nonualco, que podrá «emitir opiniones, informes o posición» sobre temas de la comunidad «que puedan guiar el criterio de la municipalidad».

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