Según un comunicado interinstitucional, la medida forma parte de una estrategia dirigida a reforzar el control sobre cabecillas de estructuras criminales.

De acuerdo con el informe, los privados de libertad se encontraban recluidos en diversos centros penitenciarios del país y fueron movilizados de manera escalonada bajo estrictas medidas de seguridad y control.

Las autoridades precisaron que el centro penitenciario receptor, administrado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), dispone de personal altamente capacitado en la lucha contra el narcotráfico y equipamiento de última generación para neutralizar cualquier actividad ilícita.

La acción responde además a la vulnerabilidad detectada en el centro de detención preventiva de Punta Coco, desde donde presuntamente algunos reclusos continuaban coordinando acciones delictivas que afectaban a ciudadanos panameños.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se realizó en cumplimiento de la normativa vigente que faculta a la Policía Nacional para ejercer la seguridad interna y al Senan para garantizar la seguridad externa del Centro de Detención Preventiva para Personas Privadas de Libertad calificadas de Peligrosidad Extrema.

Asimismo, destacaron que la planificación y ejecución del traslado fue resultado de una estrecha coordinación interinstitucional, con el propósito de garantizar un procedimiento seguro, ordenado y eficiente, en apego a la ley y a los protocolos establecidos.

Recientemente, durante un movimiento interno de reclusos en el penal de La Joyita, en esta capital, se produjo la fuga de 195 privados de libertad. Hasta la fecha, 18 de ellos permanecen evadidos de la justicia.

La decisión gubernamental ocurre en un contexto marcado por la preocupación ciudadana ante el incremento de hechos vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y la violencia asociada a disputas entre grupos delictivos.

Ante este escenario, las autoridades sostienen que el fortalecimiento de los controles penitenciarios constituye una pieza clave dentro de la estrategia estatal para contener la actividad delictiva y garantizar la tranquilidad ciudadana.

Analistas consideran que el traslado de los reos de alta peligrosidad representa una nueva prueba para la política de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, que ha colocado entre sus prioridades el combate al crimen organizado y la recuperación del control efectivo de los centros penitenciarios.

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