De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 432, bajo esa condición de excepcionalidad estarán desde este martes las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Azuay y Pichincha, donde se encuentra Quito, la capital nacional.

Además, la disposición, que estará vigente por 60 días, aplicará para los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

El estado de excepción permitirá a la fuerza pública, policías y militares, intervenir en esos territorios con el fin de “precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana”, indica el decreto.

En todos los territorios anteriormente mencionados se suspenden los derechos de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, con lo cual las Fuerzas Armadas y la Policía pueden realizar allanamientos.

La disposición también contempla la requisición temporal de bienes y servicios lícitos que resulten necesarios para garantizar la operatividad de las fuerzas de seguridad.

En esta ocasión el estado de excepción no incluye toque de queda, aunque el presidente podría disponerlo posteriormente.

El decreto presidencial menciona la existencia de informes reservados del Centro Nacional de Inteligencia sobre la incidencia de hechos violentos y la presencia de estructuras criminales en las provincias y cantones donde se aplicará la medida.

Además, menciona hechos violentos ocurridos en las últimas semanas y que han causado conmoción, como el crimen de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo.

El último estado de excepción en Ecuador finalizó el 31 de mayo pasado y hasta esa fecha el país sumaba cerca de 900 días en estado de excepción durante el Gobierno de Daniel Noboa.

Pese a esa medida, las cifras de violencia continúan elevadas.

Ecuador cerró 2025 con la tasa de homicidios más alta de su historia, al registrar 50,9 asesinatos por cada 100 mil habitantes y un total de nueve mil 216 crímenes, según datos oficiales.

Mientras, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han expresado preocupación por las denuncias de abusos en el contexto de la militarización.

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