La acusación fue sustentada por la fiscal Jenny Huacchillo y está referida a la muerte del ingeniero Víctor Santisteban, a quien un policía disparó a corta distancia una granada lacrimógena en la cabeza que le provocó el deceso, el 28 de enero de 2023.

Testigos acreditan que Santisteban solo observaba las acciones policiales durante las manifestaciones iniciadas contra el ascenso de Dina Boluarte a la Presidencia, designada por el impopular Congreso, y que se prolongaron hasta marzo, con un saldo de 50 muertos.

La fiscal argumentó que, si bien Zanabria y el coronel Frank Chang, para quien pidió la misma pena, tenían pleno control de las operaciones policiales y podían y tenían la obligación de tomar medidas porque estaban obligados a proteger la integridad de los manifestantes e impedir los excesos registrados.

Huacchillo pidió además 14 años de prisión para los policías Ignacio Talledo y Jorge Requejo, y cinco años para los policías Omar Vivanco y Robert Caballero, por tener menos responsabilidad.

Añadió que la cadena de mando encabezada por Zanabria tuvo una actuación incorrecta y no hizo nada ante los excesos y, si lo hizo, actuó indebidamente.

El abogado penalista Álex Guerrero opinó que los fundamentos de los cargos presentados en la primera audiencia de control de la acusación contra los policías son sólidos y que la etapa iniciada hoy culminará pronto para dar paso al juicio contra los agentes del orden.

El general tiene otro proceso pendiente por presunta corrupción, acusado de usar a policías como albañiles cuando era jefe de la institución de la sureña ciudad de Arequipa, caso por el que un juez lo suspendió en sus funciones de comandante general, en septiembre de 2025; y además fuera reemplazado antes de culminar su carrera policial.

Entretanto, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de derecha extrema, confirmó que el Legislativo se reunirá hasta el 24 de junio, a fin de ratificar una ley que llamó de protección a policías y militares, que prioriza el fuero militar sobre la justicia común para juzgar a uniformados que incurran en delitos durante sus funciones.

Organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por la norma, a la que podría acogerse Zanabria y los demás policías acusados con él.

También podrían tomar la misma opción siete militares, incluyendo un oficial, que acribillaron al auto en el que cinco jóvenes que regresaban de un partido de fútbol a su pueblo, tras lo cual los uniformados alegaron que eran narcotraficantes que llevaban droga y no se detuvieron para un registro, por lo que les dispararon.

El Ministerio Público los denunció homicidio por exceso en el uso de la fuerza, tras un peritaje que no encontró armas ni rastros de droga en el vehículo, impactado por un gran número de proyectiles.

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