Esa normativa introduce, además, el método policial de “entrega vigilada” para pesquisar a personas implicadas en la comisión de ese tipo de delitos y “aportar pruebas” en el proceso de instrucción penal.

La norma contiene dos artículos que incorporan disposiciones a los numerados 282 y 283 del Código de Procedimiento Penal, vigente desde marzo de 1999.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la 1741 suma a ese código la figura de los “agentes encubiertos” en investigaciones sobre delitos de financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y “sus delitos vinculados”.

Tales infiltrados, ya pueden actuar contra ilícitas relacionadas con el tráfico de sustancias controladas, y ahora con ese respaldo legal se amplía su rango de acción a los delitos mencionados.

Según la normativa, el fiscal del caso podrá solicitar la incorporación de “agentes encubiertos” de la Policía Boliviana que no tengan antecedentes penales ni disciplinarios para realizar las pesquisas necesarias.

El segundo “por tanto” de la ley introduce en el Código de Procedimiento Penal la técnica de la “entrega vigilada” para las investigaciones en delitos de financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y “sus delitos vinculados”.

Tal mecanismo de investigación consiste en permitir que recursos relacionados con esos delitos circulen por territorio nacional, e incluso entren o salgan de él, “sin interferencia de la autoridad competente”.

Sin embargo, se aclara que este tipo de operación debe transcurrir bajo vigilancia de “miembros de la Policía Nacional altamente calificados, sin antecedentes penales o disciplinarios”, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión del delito y “aportar pruebas” al proceso.

Al igual que en el caso del “agente encubierto”, la técnica de “entrega vigilada” ya estaba vigente para las investigaciones de delitos vinculados al narcotráfico.

Tras pactar el Gobierno de Bolivia este año la presencia legal en el país de oficiales de la Agencia Antinarcóticos de Estados (DEA por sus siglas en inglés), el canciller, Fernando Aramayo, y la encargada de negocios de Washington ante La Paz, Debra Hevia, firmaron una Carta de Acuerdo que habilita la canalización de recursos.

“Este instrumento permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado para fortalecer las capacidades de las instituciones bolivianas encargadas de la seguridad pública, la investigación criminal y el combate al crimen organizado”, informó la Cancillería en sus redes sociales.

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