Según el medio, la esposa de Higuera fue desvinculada de una empresa pública y su hijo perdió la plaza que ocupaba como estudiante interno de Medicina en el Hospital Carlos Andrade Marín, perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Ecuavisa atribuyó las acciones a la difusión de trabajos periodísticos sobre la contratación en 2014 de generadores eléctricos con la empresa estadounidense Progen, un caso que también es investigado por la Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos.

El canal sostuvo que las acciones contra los familiares de Higuera se produjeron tras la salida al aire de una serie de reportajes en los que el periodista expuso conversaciones, notas de voz y documentos que planteaban interrogantes sobre la negociación del contrato, la participación de altos funcionarios y eventuales acuerdos para evitar controles de fiscalización.

«Tras esas publicaciones, la reacción gubernamental no fue la de otorgar las entrevistas solicitadas o responder a los reportajes con documentos sólidos. La reacción gubernamental fue la del ataque», afirmó el medio.

A raíz de los hechos, Higuera decidió apartarse de la investigación sobre Progen para priorizar la seguridad de su familia.

En un pronunciamiento posterior, el comunicador agradeció las muestras de solidaridad recibidas y subrayó que ni él ni sus familiares representan una causa política.

La Comisión Nacional Anticorrupción expresó preocupación por lo que calificó como una creciente atmósfera de persecución contra periodistas y medios que investigan asuntos de interés público.

Mientras que la excandidata presidencial Luisa González, de la Revolución Ciudadana, comentó que “el respeto a los derechos, a la libertad, a la familia, a decir la verdad con transparencia no pueden ser motivo de persecución o muerte”.

La investigación del caso Progen involucra a 21 personas por presuntamente favorecer a la empresa estadounidense pese a las deficiencias técnicas y contractuales, con lo cual el Estado tuvo un perjuicio de cerca de 104 millones de dólares.

El Gobierno afirma que ha actuado para defender los intereses nacionales, que los contratos fueron suscritos en medio de una crisis sin precedentes y que posteriormente se adoptaron medidas para exigir responsabilidades a la empresa.

Sin embargo, la oposición sostiene que las investigaciones no han alcanzado a todos los funcionarios que participaron en la cadena de decisiones durante la emergencia eléctrica.

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