De acuerdo con el presidente, en medio de un difícil escenario fiscal, la atención a la emergencia “exige recursos inmediatos y una respuesta contundente y excepcional del Estado”.

Planteó que su gobierno está “decidido a priorizar el gasto público”, para lo cual, según manifestó, se reducirán “gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales” y al mismo tiempo se “buscarán fuentes complementarias de financiación”.

“Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados. La prioridad es clara, garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones golpeadas por el terrible terremoto que sufrimos el pasado 10 de agosto”, mencionó De la Espriella.

Refirió que la Emergencia Económica permitirá contar con herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige la tragedia y minimizar su impacto económico y social.

También señaló que cada peso movilizado “deberá responder a las necesidades derivadas de esta emergencia y será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor”.

Por otra parte, informó que “todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados” con prioridad para las familias de menores recursos.

“Nuestra prioridad sigue, insisto, siendo encontrar con vida a las personas desaparecidas, atender a los heridos y garantizar la protección y ayuda a cada familia colombiana que se ha visto afectada por esta tragedia”, declaró el presidente.

Hasta la fecha, ascienden a 314 las víctimas mortales en Colombia tras el sismo, en tanto se registran 262 mil 154 personas afectadas, correspondientes a 147 mil 464 familias

Los heridos suman cuatro mil 437 y 262 personas aún permanecen desaparecidas.

A 30 mil 664 llegó el número de viviendas destruidas, a 136 mil 946 el de las averiadas, son más de cinco mil 800 los edificios afectados y 302 los colapsados.

Al menos tres mil 470 centros educativos y 352 de salud reportan daños.

La Emergencia Económica tiene en principio una vigencia de 30 días, aunque la declaratoria puede prorrogarse por otros 60.

La Corte Constitucional tiene la potestad de modificarla o revocarla una vez que determine si se corresponda a la magnitud de crisis y cumple con la legislación vigente.

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