El Decreto Ejecutivo 424, firmado el 18 de junio, reconoce nuevamente la existencia de un conflicto armado interno, autoriza la cooperación de personal extranjero en operaciones de seguridad y contempla la posibilidad de indultos para involucrados en acciones relacionadas con ese escenario.

Constitucionales citados en la prensa local señalaron que la normativa no requiere una revisión automática de la Corte Constitucional, debido a que es una norma regular que ya está en plena vigencia.

El organismo judicial ya se pronunció sobre el tema en 2024, cuando fue declarado por primera vez el conflicto.

Ese año, tras revisar decretos de estado de excepción justificados con el argumento de que existía un conflicto armado interno, la Corte advirtió al Ejecutivo que en el país no se han dado las condiciones para esa figura.

Esa categoría “tiene lugar cuando existe violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o en entre esos grupos en el territorio de un Estado”, apuntó el organismo judicial.

Por esa razón, expertos consideran que el nuevo decreto podría enfrentar cuestionamientos constitucionales.

Al tratarse ahora de un decreto ordinario y no de un estado de excepción, la Corte no puede intervenir de oficio y únicamente podría pronunciarse si se presenta una demanda de inconstitucionalidad.

Entre los puntos más controvertidos figuran las disposiciones que permiten al presidente conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías e incluso civiles vinculados a acciones derivadas del conflicto, así como la participación de personal extranjero con garantías de inmunidad.

La abogada constitucionalista Ximena Ron, citada por el canal Ecuavisa, advirtió que algunas de esas disposiciones podrían incentivar la participación de civiles en tareas relacionadas con la seguridad, un aspecto que, a su juicio, rebasa los límites de la actuación estatal.

Las críticas también llegaron desde la Alianza por los Derechos Humanos, que sostuvo que la medida profundiza la militarización de la seguridad pública, amplía la intervención de actores extranjeros y podría generar condiciones de impunidad frente a eventuales violaciones de derechos humanos.

Los colectivos solicitaron a organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mecanismos de Naciones Unidas, información sobre los fundamentos jurídicos y los alcances de la participación extranjera prevista en la normativa.

A su vez, legisladores de oposición rechazaron el decreto, entre ellos Héctor Rodríguez, de la Revolución Ciudadana (RC) para quien “ningún presidente tiene derecho a hipotecar la soberanía nacional para maquillar su incapacidad de gobernar”.

Esto se inscribe dentro de la Doctrina Monroe, promovida por el trumpismo para controlar América Latina, advirtió el parlamentario Fernando Cedeño, también de la RC. ga/avr