La ratificación llevada a cabo mediante el decreto supremo (DS) 5632, acontece tras la declaración del estado de excepción en el país con el DS-5634, respaldado la madrugada de este domingo con el voto de más de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Esa normativa respalda la participación de las Fuerzas Armadas junto a la Policía en las operaciones de desbloqueo de rutas obstruidas desde hace más de 50 días por movimientos sociales con la exigencia de la renuncia del jefe de Estado.

De acuerdo con el artículo único del DS-5632, se ratifica al general de Ejército Víctor Hugo Balderrama como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, permanecen en sus cargos el general Héctor Alarcón, como comandante general del Ejército; el vicealmirante Ernesto Alfaro, como comandante general de la Armada; el general Sergio Lora, al frente de la Fuerza Aérea; y el general Gonzalo Ruiz, como jefe del Estado Mayor.

Una nota de prensa del Ministerio de Defensa explica que la publicación del decreto en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional formaliza la estructura de mando militar “que ejercerá funciones al frente de las Fuerzas Armadas y consolida el proceso de renovación institucional desarrollado en el marco de los ascensos y designaciones aprobados durante la presente gestión”.

Este tipo de designación es una facultad privativa del presidente, en su condición de Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Los requisitos formales y de carrera para quienes pueden ser nombrados están desarrollados en la Ley Orgánica de ese cuerpo militar, que fija condiciones de jerarquía, origen y trayectoria para el Comandante en Jefe, el Jefe de Estado Mayor y Comandantes de Fuerza.

El 13 de noviembre de 2025, cinco días después de asumir la presidencia del país, Paz posesionó al Alto Mando Militar con los mismos jefes a los que ahora ratificó en un contexto de manifestaciones populares.

Tras un llamado a las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) en un cabildo en El Alto, el 1 de mayo último, el país ingresó en una crisis política y social.

Inicialmente, la COB presentó un pliego petitorio que fue desatendido por el mandatario al igual que los reclamos de otros sectores, y con el paso de los días esas peticiones quedaron atrás y sindicalistas, campesinos y otros sectores convergieron en los bloqueos con la única exigencia de la renuncia de Paz.

El miércoles último, el Gobierno y la COB establecieron una mesa de diálogo encabezada por Paz y el máximo ejecutivo de la central sindical, Mario Argollo.

Tras una primera jornada de polémica, se estableció un receso hasta que una comisión conjunta de abogados termine de analizar, caso por caso, la situación de los detenidos en las movilizaciones.

Sin embargo, de manera sorpresiva, 24 horas después, las partes firmaron un acuerdo y Argollo llamó a los movilizados a levantar los bloqueos.

Luego, Paz emitió el decreto que establece el estado de emergencia.

Con esta decisión, el mandatario satisfizo el reclamo de la oligarquía del agronegocio y del comité cívico pro Santa Cruz, de otras estructuras del sector empresarial y de los políticos de tendencia ultraderechista.

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