La decisión fue adoptada por la magistrada Mary Scriven, del Tribunal Federal de Florida, tras acoger una solicitud presentada por la AGU, que sostiene que la verdadera parte interesada en el litigio es el Estado brasileño.
De acuerdo una nota de la entidad brasileña, la demanda promovida por las empresas estadounidenses Rumble y Trump Media cuestiona decisiones emitidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y, por tanto, involucra directamente intereses soberanos del país.
Scriven aceptó íntegramente el pedido de intervención formulado por el Gobierno brasileño y determinó la suspensión de cualquier declaración de rebeldía contra Moraes hasta que sea analizada una solicitud de extinción del proceso presentada por el gigante sudamericano.
Las empresas demandantes tendrán plazo hasta el próximo 7 de julio para responder a los argumentos expuestos por la representación brasileña.
Presentada en febrero de 2025 por Trump Media & Technology Group y la plataforma de videos Rumble, la acción judicial busca impugnar en territorio estadounidense decisiones judiciales adoptadas por Moraes relacionadas con la suspensión de perfiles y contenidos en redes sociales.
Las medidas fueron dictadas por el magistrado en investigaciones sobre presuntos ataques contra el orden democrático brasileño y campañas de desinformación dirigidas contra instituciones del Estado.
En su argumentación, la AGU sostiene que fallos emitidos por el STF no pueden ser sometidos al escrutinio de tribunales extranjeros, pues ello vulneraría principios reconocidos por el derecho internacional, entre ellos la inmunidad jurisdiccional de los Estados.
El organismo también advierte que permitir la revisión de decisiones de la máxima corte brasileña por parte de jueces de otro país podría afectar la soberanía nacional y comprometer la independencia del Poder Judicial. Para actuar en el proceso, Brasil cuenta con la representación del bufete estadounidense Foley Hoag LLP, contratado por la AGU desde 2019 para la defensa de asuntos estratégicos ante tribunales norteamericanos.
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